Tras rechazar cuatro recusaciones presentadas, entre otros, por miembros del partido oficialista, Pacto Histórico, la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia retoma este 11 de diciembre el proceso de investigación al presidente Gustavo Petro, por presunta financiación ilegal y por superar el tope de gastos de campaña.
Todo el caso comenzó cuando el pasado mes de junio varias publicaciones periodísticas revelaron audios del exembajador en Venezuela y una de las personas más cercanas a Petro durante la campaña, Armando Benedetti, donde hablaba de unos dineros que podrían haber entrado a la campaña.
En los audios enviados a la ex jefa de gabinete Laura Sarabia, el exembajador alega que él recaudó esos “15.000 millones de pesos” (unos 3,7 millones de dólares al cambio de hoy) para la campaña de Petro y le dice que si él habla y cuenta quienes financiaron su campaña en la costa atlántica, acabarán todos presos.
Todo ello fue asunto de investigación, que más tarde derivó en la detención del hijo del presidente, Nicolás Petro, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en un caso donde también se cuestionó la financiación de la campaña que llevó a Petro a ser presidente.
La Fiscalía detuvo a Nicolás Petro y su exesposa, Daysuris Vásquez, pero se tuvo que abstener de investigar a Petro, pues se sale de sus competencias, por lo que remitió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara la notificación.
Esta se sumó a la denuncia ya presentada por una decena de demandantes, entre ellas dos congresistas de la oposición, para investigar a Petro y la posible financiación irregular de la campaña.
Ahora, para retomar la investigación, la Comisión pidió para esta fase, que aún es preliminar y se hará de manera reservada, a varios organismos las pruebas y procesos que tengan en su poder para proseguir con la investigación.
Así, por ejemplo, a la Fiscalía le pide que remita “todos los procesos activos en la entidad relacionados con la campaña presidencial”, y “en especial aquellas investigaciones seguidas contra Daysuris del Carmen Vásquez, Nicolás Petro Burgos, Ricardo Roa, gerente de campaña” y actual presidente de Ecopetrol
A la Corte Suprema, por su parte, le pide las posibles investigaciones sobre la campaña; a la Procuraduría los procesos por faltas disciplinarias durante la campaña; a la Contraloría también los “procesos de responsabilidad fiscal activos” en relación con la campaña y al Consejo Electoral un informe sobre topes de campaña, cuentas registradas y otros documentos técnicos.
También a la Revista Semana, uno de los medios que destapó el escándalo, se le pide las noticias sobre la presunta financiación ilegal y “la fuente de la cuál se obtuvieron los audios de Whatsapp de Armando Alberto Benedetti”, y a la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN) las declaraciones de la renta de Petro.
De momento, la Comisión no contempla citar ni al presidente ni a ninguno de los otros involucrados en el caso.