OMCT acusa al Ejecutivo tunecino de utilizar el Poder Judicial como herramienta represiva

Túnez, 24 ene (EFE).- La independencia del Poder Judicial en Túnez se ha visto gravemente "erosionada" desde que el presidente, Kais Said, se arrogó plenos poderes en 2021, mientras el Ejecutivo abre procesos judiciales contra jueces y abogados como una herramienta de represión, denunció este miércoles un informe de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).

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"El Poder Judicial debe funcionar independientemente del Gobierno y libre de influencias políticas, actuando como control de los poderes Legislativo y Ejecutivo. No obstante, las acciones de Kais Said han generado preocupación respecto de la concentración de poderes en la Presidencia y su impacto negativo sobre los cimientos democráticos de Túnez", según el 'Abogados bajo vigilancia', redactado en colaboración con organizaciones como Abogados Sin Fronteras (ASF).

En los dos últimos años, el mandatario disolvió el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) -remplazado por otro "temporal" y cuyos miembros fueron nombrados unilateralmente por Said- y destituyó a 57 magistrados tras acusarles de corrupción, que no han sido reintegrados pese a que un tribunal constitucional falló a favor de 49 de ellos.

"Se ha infundido miedo en las filas de los magistrados, a quienes implícitamente se les incita a autocensurarse" y, prosigue el informe, "se inclinarán cada vez más a seguir las instrucciones de la policía judicial y se mostrarán reacios a investigar los casos de tortura y malos tratos".

También advirtió de las medidas contra la oposición y la multiplicación de detenciones de adversarios políticos, disidentes, abogados, jueces, defensores de los derechos humanos, periodistas y empresarios con el pretexto de la ley "antiterrorista", y que son acusados de "conspiración contra la seguridad del Estado", a pesar de la ausencia de pruebas.

Al mismo tiempo, el mandatario ha amenazado a fiscales y jueces que, en caso de exonerar a los imputados, serán considerados "cómplices"; los abogados que defienden a estos presos y jueces destituidos son víctimas de procedimientos judiciales- incluidos juicios militares-, acoso policial y campañas de difamación en su entorno profesional, insistieron las ONG.

Los ataques en curso "representan una continuación de la agenda presidencial, que busca reestructurar el poder judicial para convertirlo en una mera herramienta alineada con la visión del Ejecutivo y disminuir su autonomía", concluyó el informe.

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