En el juicio finalizado este miércoles ante el Tribunal Correccional de París, Jean-Noël Etcheberry y Béatrice Molle insistieron en que no merecen una condena, ni siquiera simbólica como la solicitada por la Fiscalía, porque consideran que con su acción no hicieron ningún mal a nadie y contribuyeron a mejorar la situación en todo el País Vasco al dar el primer paso del desarme de ETA.
"Si mañana hay una condena, se va a producir un desfase entre la realidad de la sociedad del País Vasco Norte y la Justicia francesa", declaró a la prensa Etcheverry al término del segundo y último día de audiencia.
Se refería así a que, como lo señalaron sus abogados en el alegato de la defensa, todos los parlamentarios del País Vasco francés se han manifestado repetidamente en su favor y han pedido al tribunal que los absuelva.
Preguntado sobre si eso significa que quiere un dictamen político, Etcheverry replicó que la absolución "sería una decisión jurídica" porque estaría amparada por el concepto jurídico de "estado de necesidad" que significa que, cuando un acto que no es legal se realiza para impedir un peligro, se puede justificar si ese acto es proporcional al peligro que se pretende evitar.
En su caso, los actos ilegales fueron el transporte y el almacenamiento de una treintena de armas y de decenas de kilos de materiales explosivos que formaban parte del arsenal de ETA (alrededor de un 15 % del total), que las fuerzas del orden francesas requisaron en la casa que Molle tiene en la localidad vascofrancesa de Louhossoa el 16 de diciembre de 2016.
Y el peligro que pretenden haber evitado es impedir que algún grupo disidente de ETA se hiciera con ese arsenal para continuar los atentados o que acabara en otras manos que también lo utilizaran para acciones violentas.
Una argumentación totalmente rechazada por la Fiscalía, que les reprocha precisamente haber hecho el juego a ETA al aceptar en la operación de Louhossoa todas las condiciones del desarme que había fijado el entonces responsable del aparato político de la banda, David Pla.
La Fiscalía, en cualquier caso, reclamó para ambos penas de carácter simbólico, ya que si el tribunal siguiera sus peticiones -la sentencia se hará pública el 16 de mayo- ninguno de ellos tendría que ingresar en prisión.
La representante del Ministerio Público solicitó una pena de dos años para Etcheverry, que sólo iría a la cárcel en caso de reincidencia, por detención y transporte de armas y explosivos en relación con una organización terrorista; y un año para Molle, también exento.
Uno de los principales puntos de confrontación entre la Fiscalía y la defensa fue si la operación de Louhossoa fue el primer paso que permitió que se llevara a cabo la gran operación de desarme el 8 de abril de 2017, en ese caso sí con el acuerdo, la cooperación y la intervención activa de las autoridades francesas.
Para la fiscal, hay una clara cesura entre ambos hechos, ya que el primero era fruto de una maniobra de ETA y amparada por los Artesanos de la Paz para salvar su imagen en un momento en que estaba en situación de gran debilidad por la fuerte presión policial de España y Francia.
Para los abogados de Molle y Etcheverry, fue la iniciativa de los Artesanos de la Paz en Louhossoa lo que hizo que tres meses y medio después las autoridades francesas, que según su relato hasta entonces obstaculizaban el proceso de paz, se implicaran en la recuperación del resto de las armas y explosivos el 8 de abril de 2017.