En la misiva, escrita a finales de marzo, seis jueces del Tribunal Superior de Islamabad (IHC) denunciaron que habían sufrido amenazas para dictar veredictos favorables a los intereses de agencias como la Dirección de Inteligencia (ISI), tras lo que el Supremo decidió esta semana abrir un caso por iniciativa propia.
El presidente del máximo órgano judicial paquistaní, Faez Isa, observó durante una audiencia emitida en directo que no aceptará "ataques de ningún tipo" a la independencia del poder judicial.
"Todo el mundo sabe lo que está pasando, pero fingen que no está pasando nada", agregó otro magistrado del Supremo, Athar Minallah, durante una vista en la que pidió tomar en serio las denuncias de amenazas.
Entre otras presiones, los jueces afirmaron en la carta que fueron amenazados con el secuestro o la tortura de sus familiares, y que se les vigiló en secreto en sus casas.
Además sacaron a la luz varios casos en los que se habían visto presionados, uno de ellos relacionado con el líder opositor Imran Khan, que se encuentra en prisión.
Tras hacerse público el contenido de la misiva, Isa se reunió con el primer ministro Shehbaz Sharif y decidieron formar una comisión para investigar las acusaciones, encabezada por un expolítico cercano a Sharif, lo que provocó las críticas de Khan y su formación, el Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).
Khan culpa al todopoderoso Ejército paquistaní de estar detrás de su destitución como primer ministro en abril de 2022, mediante una moción de censura, y acusa a los servicios de inteligencia del país de intentar asesinarle en noviembre de 2022.
Las Fuerzas Armadas paquistaníes han tenido un gran peso en la política del país asiático desde su independencia del imperio británico en 1947, y a menudo son vistas como el verdadero poder en la sombra que dirige el rumbo de esta potencia nuclear.