El sindicato nacionalista vasco formalizó su demanda colectiva por incumplimiento de la Carta Social Europea el pasado 12 de marzo y en una próxima plenaria del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) se examinará su admisibilidad, indicaron a EFE este miércoles fuentes del Consejo de Europa.
En caso de que fuera admitida a trámite, la decisión sobre el fondo quedaría para una plenaria posterior, un proceso que puede prolongarse en torno a un año, según las fuentes.
En su argumentación, ELA afirma que la diferencia de trato de las familias monoparentales y biparentales en lo que se refiere a la duración del permiso por nacimiento "significa una clara discriminación que repercute directamente en el menor de 12 meses".
En concreto, "ve limitado su tiempo de cuidado por su familiar más directo con cobertura económica por el régimen público de la Seguridad Social en sus primeros meses de vida".
Eso obliga a la madre a "elegir si le cuida ella sin ingresos o a requerir los servicios de un tercero para su cuidado con coste económico", lo que pone "en riesgo de pobreza y exclusión social a esos menores y a su única progenitora".
Esta es la novena demanda colectiva contra España por incumplimiento de la Carta Social Europea, desde que se aceptó ese recurso el 19 de mayo de 2021 con la ratificación en abril de 2021 de un protocolo adicional.
Hasta ahora, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha tomado una decisión sobre el fondo en una de ellas, presentada por Unión General de Trabajadores (UGT), durante su última sesión plenaria celebrada del 18 al 22 de marzo, y aunque se ha notificado a las partes, todavía no se ha publicado, y eso tardará todavía cuatro meses.
Según las filtraciones recogidas por la prensa la semana pasada, el CEDS dio la razón a UGT, que consideraba que los límites de indemnización por despido improcedente incumplen la Carta Social Europea porque no permiten a los jueces fijar una compensación adecuada por todas las pérdidas eventuales sufridas por el trabajador.
Las decisiones de este organismo del Consejo de Europa pasan a ser jurisprudencia que puede esgrimirse ante los tribunales españoles.