En una resolución adoptada este viernes por el Comité de Ministros, órgano supremo de decisión, el Consejo de Europa insta a sus miembros a "elaborar estrategias globales y eficaces" para luchar contra diferentes formas de acciones judiciales utilizadas para "acosar o intimidar".
Acciones, en definitiva, cuyo objetivo es "impedir, obstaculizar, restringir o penalizar la libre expresión en cuestiones de interés público y el ejercicio de derechos asociados con la participación pública".
En el texto aprobado en una reunión en Vaduz, la capital de Liechtenstein, los representantes de los 46 países miembros dicen estar "profundamente preocupados" por la persistencia de "un amplio abanico de intimidaciones, de amenazas, de violencias, de asesinatos y de otros crímenes contra personas u organizaciones que actúan como observadores de la vida pública".
Sobre todo cuando esas acciones quedan impunes porque así aumenta su poder disuasivo.
Las "líneas directrices" que propone el Consejo de Europa, organización distinta de la Unión Europea que tiene como objetivo la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, incluyen una lista no exhaustiva de una decena de indicadores para identificar esas demandas-mordaza.
Por ejemplo, cuando se percibe la explotación de un desequilibrio de poder, la ausencia total o parcial de base de los argumentos utilizados por el demandante, el carácter desproporcionado o excesivo de las reparaciones que reclama y el recurso a maniobras dilatorias.
Para impedir que tengan éxito, su solución pasa por reforzar el marco legislativo y político, sobre todo en lo que se refiere a las garantías estructurales y de procedimiento.
Entre esas garantías podrían estar mecanismos para un rechazo rápido de las demandas, recursos, transparencia, apoyo a los atacados y a las víctimas, la puesta en marcha de programas de educación, de formación y de sensibilización.