El Gobierno defendió que con el decreto 5143 se buscaba reglamentar la Ley de Inscripción de Derechos Reales (que data de 1887) y "garantizar la propiedad privada", en cambio, criticó, se "distorsionó" el contenido de la norma.
Tras una reunión con sectores afines al Gobierno, Arce anunció que tomó la decisión de la derogación "para evitar cualquier distorsión o convulsión social" y señaló que el rechazo al decreto y las protestas que se registraron en los últimos días hacen parte de "un plan de desestabilización" contra su Gobierno.
La aplicación del decreto, promulgado el 10 de abril pasado, ya había sido suspendida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que admitió dos recursos en contra la norma.
Según la oposición y los sectores que rechazaban la norma, esta abría la posibilidad al cobro de multas y expropiaciones en caso de que las viviendas o terrenos no cumplieran alguna función social, entre otras críticas.
"La abrogación obligada del DS 5143, le demuestra una vez más al Gobierno de Arce que los bolivianos no aceptamos que se ponga en riesgo la propiedad privada, y que no puede seguir atentando contra los derechos constitucionales. Una nueva victoria de los bolivianos frente a la arbitrariedad del MAS (gobernante Movimiento al Socialismo)", escribió el expresidente y líder opositor Carlos Mesa, en sus redes sociales.
En la rueda de prensa de Arce, el ministro de Justicia, Iván Lima, recalcó que con el decreto se buscaba sancionar a quienes "crean inseguridad, corrupción y avasallamiento" contra terrenos ajenos y públicos.