En una declaración, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que le ha dado acompañamiento al caso, aseguró que Montes fue ejecutado un 16 de mayo de 2019 por agentes penitenciarios nicaragüenses y "desde entonces su crimen permanece en la absoluta impunidad".
Montes era un ciudadano nicaragüense-estadounidense, veterano de la Marina de Estados Unidos, que era abogado de profesión y cuando murió tenía 57 años.
Opositor a Ortega, falleció durante un motín protagonizado por un grupo de denominados presos políticos en el Sistema Penitenciario Nacional, presidio conocido como La Modelo y ubicado a 23 kilómetros al noroeste de Managua, según el Ministerio del Interior.
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Montes, quien había sido dado por desaparecido en octubre de 2018 y luego apareció en prisión, recibió un disparo mientras forcejeaba con uno de los centinelas, según la versión oficial.
El motín ocurrió mientras una misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se encontraba con el personal de La Modelo, de acuerdo con esa información.
Piden investigación imparcial y justicia
No obstante, según el Colectivo, que basa su versión en el testimonio de los reclusos que posteriormente fueron excarcelados, cuando Montes fue impactado con una bala, el resto de los custodios iniciaron un brutal ataque contra todos los presos políticos.
"Esta ejecución es de única responsabilidad de las autoridades penitenciarias, quienes le dispararon y no brindaron asistencia médica, dejándole desangrarse", señaló ese organismo integrado por activistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica, donde tienen su sede.
Para ese Colectivo, la ejecución de Montes "se mantiene en la impunidad pues no se realizó una investigación seria o imparcial, y, menos de un mes después de este crimen, se publicó la Ley de Amnistía, la cual pretendía borrar todos los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo".
"El asesinato cometido contra Montes demuestra la aversión con la que se ha tratado a las personas presas políticas, la situación de tortura generalizada en el país (Nicaragua) y la impunidad que sobre estos crímenes recae", valoró ese organismo.
El Colectivo dijo que seguirá exigiendo justicia por el ciudadano nicaragüense-estadounidense y el resto de víctimas que dejó la rebelión popular contra el Gobierno de Daniel Ortega, que estalló en 2018.
En abril de ese año, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron "más de 300" y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.