En un comunicado, el Ejecutivo comunitario explicó que sus pesquisas preliminares señalan que "existen suficientes pruebas" que demuestran que e& "ha recibido subsidios extranjeros que distorsionan el mercado interior de la UE".
Se trata, en concreto, de una garantía ilimitada concedida por Emiratos Árabes Unidos y de un préstamo por parte de bancos controlados por las autoridades emiratíes que "facilitan directamente la transacción" para adquirir el negocio de PPF Telecom en todos los países en que está activo salvo República Checa (Bulgaria, Hungría, Eslovaquia y Serbia).
"La Comisión sospecha que estos subsidios pueden haber mejorado la capacidad de e& para ejecutar la adquisición, así como la posición competitiva de la entidad fusionada en la UE en adelante, principalmente mejorando su capacidad para financiar las actividades en la UE de forma preferente", explica la institución europea.
Además de analizar si, como cree, la operación podrá afectar al funcionamiento del mercado único, la Comisión examinará si los subsidios "han alterado el resultado del proceso (de compra)" consiguiendo que la participación de la firma emiratí haya "disuadido" a otros rivales a participar en el mismo.
El Ejecutivo comunitario, que ha advertido de que la apertura de una investigación en profundidad no prejuzga el resultado final de la misma, dispone ahora de 90 días laborables, hasta el 15 de octubre, para decidir si prohíbe o no la operación.
Hasta ahora, Bruselas había centrado sus investigaciones sobre posibles subsidios excesivos en empresas chinas, con dos procedimientos sobre las ayudas públicas del gigante asiático a la industria de los coches eléctricos y otra sobre las barreras que pone Pekín a las empresas europeas en sus licitaciones públicas de productos sanitarios.
Bruselas investiga además la participación de firmas chinas en licitaciones públicas de trenes, paneles solares y turbinas eólicas en varios países de la UE por la sospecha de que los subsidios estatales les permiten abaratar artificialmente sus ofertas.
Las dos primeras llevaron en apenas unas semanas a que las firmas investigadas retirasen sus ofertas, al tiempo que Bruselas abría dos nuevas pesquisas sobre los subsidios chinos al parqué y la hojalata tras las denuncias de patronales europeas.