Además, en los operativos realizados en seis de las 24 provincias del país, se incautaron 325 kilos de droga, lo que tendría una afectación económica al delito de aproximadamente 640.000 dólares, indicó la Policía en una rueda de prensa, en la que informó, además, del decomiso de 29 armas de fuego, ocho vehículos y seis motocicletas.
Estos operativos se produjeron en el marco de la 'Gran Operación Cero Impunidad 4' con el objetivo de identificar a las personas y organizaciones dedicadas a los delitos de homicidios intencionales, robo de vehículos, secuestro, extorsión y delitos conexos.
Según la Policía, en los operativos se capturó a 91 personas por delito flagrante (tráfico de drogas, tráfico de armas, robo de vehículos y asesinato) y a diez por el cumplimiento de boletas de detención (tráfico de drogas, robo de vehículos, asesinato y tráfico de armas).
De los capturados, once pertenecían al grupo criminal de 'Los Choneros', seis a 'Los Lobos', dos a 'Los Lagartos', uno a 'Las Águilas' y uno a 'Los Tiguerones', informó la Policía.
Según los datos de los resultados globales de la Fuerza Investigativa Anticriminal de la Policía, hasta el momento en todo el país se han realizado 625 operaciones policiales con 792 personas capturadas y la aprehensión de más de ocho toneladas de droga, 378 armas de fuego, 93 automóviles, 92 motocicletas y 67.000 dolares persuntamente producto de actividades ilegales.
El presidente Noboa decretó a inicios de enero, cuando no llevaba ni dos meses en el poder, un estado de excepción por los elevados índices de violencia y decretó el "conflicto armado interno" contra 22 bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".
La espiral de violencia se desató cuando el Gobierno se aprestaba a avanzar en el llamado 'Plan Fénix', con el objetivo de recuperar el control de las prisiones, muchas de ellas dominadas por grupos de delincuentes, cuyas rivalidades ha dejado más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias.
Esa violencia también se trasladó a las calles hasta convertir a Ecuador en uno de los países más violentos de la región, con 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2023.
El Gobierno asevera que mantiene bajo control las cárceles, que ahora están bajo custodia de los militares.