"El éxito del Pacto Verde Europeo y el compromiso jurídico de la Unión Europea (UE) con el Acuerdo de París dependen de la eliminación total de los combustibles fósiles. Los funcionarios de la UE no solo deben rendir cuentas de las decisiones tomadas en nuestro nombre, sino que estas deben tomarse en interés público", señala el informe, que urge a que se haga público si dichas decisiones son el resultado de actividades de los 'lobbies' de los combustibles fósiles.
El informe apunta principalmente a los siete gigantes de la industria de los combustibles fósiles (Shell, Total, Eni, Equinor, ExxonMobil, BP y Chevron) pero subraya también el papel de las redes de organizaciones que representan los intereses de industrias enteras y disponen de un mejor acceso a las instituciones públicas que las empresas individuales.
Hasta dos tercios de las más de mil reuniones analizadas versaron sobre el Pacto Verde Europeo, y de ellas hasta un 20 % se centraron en dos asuntos especialmente populares: el almacenamiento y captura de carbono y el hidrógeno.
Sin embargo, estas cifras dejan fuera la totalidad de las reuniones de la industria con funcionarios con rango menor al de director general -la mayoría de ellos, advierte TI-, porque las normas de transparencia de la Comisión Europea eximen al organismo de hacerlas públicas.
"Pese a que herramientas como el Registro de Transparencia o la publicación de reuniones de alto nivel deberían asegurar la transparencia y la rendición de cuentas, estas declaraciones sólo son la punta del iceberg. La mayor parte del 'lobby' a la Comisión sucede en contactos con funcionarios de menor nivel y por tanto nunca sale a la luz", lamenta TI.
Otras formas de ejercer presión sobre las instituciones europeas que llevan a cabo estas industrias son la contratación de exfuncionarios públicos para conseguir acceso a sus conocimientos, experiencia y red de contactos, el patrocinio de grandes eventos en Bruselas a los que acuden incluso los comisarios del ramo o la financiación de estudios e investigaciones en universidades.
"Las reglas de los contactos entre los 'lobbies' y los funcionarios son irregulares y raramente se hacen cumplir, lo cual crea un elevado riesgo de que las políticas queden secuestradas (por los lobbies) y de conflictos de intereses", señala el informe.
Transparencia Internacional insiste en que la Comisión Europea debe reforzar sus normas de transparencia con, por ejemplo, la obligación de dar a conocer todas las reuniones de grupos de presión con funcionarios que de alguna manera formen parte del proceso legislativo.
También cree que el Parlamento Europeo debería prohibir que sus eurodiputados tengan trabajos en paralelo, un cambio al que los propios eurodiputados se han negado en redondo incluso tras desvelarse el escándalo del Catargate.