El documento de 114 páginas concluye que el Gobierno derrocado en esas protestas, los cuerpos de seguridad y servicios de inteligencia, así como grupos violentos asociados a la Liga Awami, el entonces partido gobernante, perpetraron graves violaciones de derechos humanos que podrían constituir crímenes contra la humanidad.
"Hay motivos razonables para creer que cientos de ejecuciones judiciales, detenciones arbitrarias y tortura se llevaron a cabo con el conocimiento, coordinación y dirección de líderes políticos y máximos responsables de seguridad, como parte de la estrategia para reprimir las protestas", señaló el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, al presentar el informe.