A través de X, la Fundación de Derechos Humanos Los Llanos (Fundehullan) denunció también la "irrupción sin orden judicial" en la residencia del letrado, así como el "amedrentamiento de su familia y la confiscación de bienes", lo que -señaló- viola "flagrantemente" la Constitución venezolana y "estándares internacionales de DD.HH. sobre el debido proceso y la inviolabilidad del hogar".
"Exigimos a las autoridades venezolanas su inmediata liberación y el respeto a sus derechos humanos", agregó.
Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) expresó su "profunda preocupación y absoluto rechazo ante la detención arbitraria del abogado", lo que, según la ONG, representa una "clara criminalización de la labor de defensa de derechos humanos y una vulneración al derecho al ejercicio libre de la profesión legal".
Esta organización también exigió su "liberación inmediata", además del "cese de la persecución contra quienes defienden los derechos humanos".
El jueves, activistas, familiares y amigos de detenidos considerados presos políticos se concentraron frente al Helicoide -sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas- para orar por su liberación y por el cese, aseguraron, de las "violaciones a los derechos humanos en los centros de reclusión".
Esta semana, un grupo de familiares de detenidos en el contexto de crisis poselectoral pidió una audiencia con Nicolás Maduro -que juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección en 2024- para exponer "las graves violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa" y solicitar su intermediación en favor de la libertad de sus parientes.
Según la Administración de Maduro, el país caribeño está "libre de presos políticos", una afirmación rechazada por el antichavismo y diversos sectores sociales.
Sin embargo, la ONG Foro Penal, según un balance difundido el jueves, indicó que en Venezuela hay 896 detenidos por razones políticas, de los cuales 729 son civiles y 167 militares.