La normativa con 25 artículos fue aprobada con los votos de 57 diputados de 60 en el Congreso, sin el apoyo de la oposición y ante el rechazo de organizaciones nacionales y extranjeras que señalan que es "una herramienta para estigmatizar, controlar y silenciar a la sociedad civil".
La ley fue propuesta e impulsada por el presidente Nayib Bukele y es similar a una promovida por su Gobierno en 2021 pero en esa ocasión se contemplaba un impuesto del 40 %.