"La CIDH y ONU Derechos Humanos consideran que la anulación de lo actuado en los procesos judiciales puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos", señala un comunicado oficial publicado en el portal de la CIDH.
Los organismos internacionales consideran que esta situación "compromete el cumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar a las víctimas" y además "supone una revictimización de las personas afectadas".
"Estas decisiones judiciales evidencian un serio obstáculo al deber estatal de implementar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, eso incluye las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia)", dice el comunicado.
Según estas instancias, a solicitud del Estado boliviano, el GIEI recopiló en 2019 información sobre "diversas violaciones de derechos humanos e incluyó en su informe final las investigaciones referidas a las masacres de Senkata y Sacaba".
El informe del GIEI reportó al menos 20 personas fallecidas y "numerosas" heridas como resultado "del uso excesivo de la fuerza en operativos conjuntos de policías y militares" durante 2019.
En tanto, el informe de ONU Derechos Humanos de 2020 identificó "un uso desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial y militar, incluso municiones letales".
"La CIDH y ONU Derechos Humanos instan a las instituciones bolivianas a considerar el impacto de dichas anulaciones judiciales en los compromisos internacionales de derechos humanos y a que se eviten demoras procesales que favorezcan la impunidad de estas masacres, así como a adoptar las medidas necesarias para remediar la situación", concluye el comunicado.
El 25 y 29 de agosto, dos tribunales de sentencia determinaron anular los procesos en la vía ordinaria por "incompetencia de materia" y derivarlos a un juicio de responsabilidades para la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020), principal acusada.
Estas resoluciones judiciales benefician a policías y militares que fueron procesados y encarcelados por las muertes de civiles durante enfrentamientos que se registraron en la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto, y en el municipio de Sacaba, en la región central de Cochabamba, días después de la renuncia de Evo Morales (2006-2019) a la Presidencia y su salida del país.
Morales denunció entonces un "golpe de Estado" en su contra luego de las protestas sociales que lo acusaron de cometer un fraude electoral en los fallidos comicios de 2019, posteriormente anulados.
Áñez siempre ha reclamado un proceso especial como expresidenta y en 2023 denunció al Estado boliviano ante la CIDH por negarle un juicio de responsabilidades.
Los procesos por los sucesos de 2019 se realizaron a instancias del Gobierno de Luis Arce y el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) que sostienen que hubo "un golpe de Estado" y, en el caso de Áñez, la demandaron en la vía ordinaria bajo el argumento de que su mandato no surgió del voto popular.