En la nota, los profesores de este centro de la capital británica, que opera bajo titularidad española, aseguran que la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha supuesto "una herida abierta" en sus vidas y el punto de partida de una "situación de abandono imperdonable" por parte de la Administración española que los seleccionó.
Los docentes explican que, después de conseguir estas plazas públicas tras años de formación y de dejar atrás sus vidas en su país natal al ser destinados al Reino Unido, no se han visto suficientemente respaldados por la Administración española, a la que piden un mayor acompañamiento y asesoramiento para enfrentar las trabas migratorias impuestas tras el Brexit.
"Nos encontramos solos ante un visado británico largo, confuso y agotador", dicen los profesores del Cañada Blanch, que califican el proceso de solicitud como un "itinerario 'online' enrevesado" y un "nudo burocrático" que acaba prolongándolo en el tiempo y los "desgasta emocionalmente".
También inciden en el coste económico de todo el proceso, que deben costear de su propio bolsillo y que, además del precio del propio visado, también incluye un copago médico adicional y un examen específico de nivel de inglés para poder presentar la solicitud.
Señalan que hay familias que han desembolsado hasta 50.000 euros "en trámites, tasas y visados" para poder trabajar en el Reino Unido y además pagan por parte doble por la sanidad, puesto que al ser funcionarios cotizan en España pero están sometidos al copago británico.
"Desde España solo recibimos silencio. Justificaciones. Excusas. Puertas cerradas. Lo que vivimos no son simples 'inconvenientes burocráticos', son historias humanas que duelen", dicen los profesores en la nota.
Aseguran que esta situación provoca que haya profesorado que se incorpora tarde a su puesto porque su visado no llega a tiempo, repercutiendo en el alumnado; o que algunos de ellos no puedan regresar a España ante situaciones familiares de causa mayor o para fechas señaladas como Navidad "porque están atrapados en el país hasta que llega un documento que nadie acelera".
Los docentes dicen haber trasladado su situación a consejeros, sindicatos, la Junta de Personal, la embajada de España en el Reino Unido y la mutualidad pública MUFACE, así como haber presentado reclamaciones individuales, sin lograr ningún avance o solución.
En este contexto, los docentes pidieron a la Administración española un mayor respaldo en la consecución de los visados, que estos permisos sean de una duración mayor para evitar enfrentar el trámite "cuatro veces en seis años" y encontrar la solución para evitar el doble pago sanitario que realizan en cada ocasión.