El relato político se ha desplazado hacia la competitividad y la defensa, a lo que se suma un concienzudo esfuerzo de la Comisión Europea para simplificar normas y eliminar burocracia.
No se han desterrado las políticas verdes, pues los objetivos generales del Pacto Verde Europeo se mantienen, pero se ha diluido la ambición con multitud de prórrogas y flexibilidades que abarcan desde los fertilizantes hasta los coches.
La dinámica empezó a gestarse en la campaña a las elecciones de junio de 2024, que arrojaron un Parlamento Europeo más escorado a la derecha y más preocupado por el resurgir económico que por la biodiversidad o el clima.
Se impuso un bloque democristiano con menos apetito por las políticas medioambientales, incluso confrontando algunas de ellas al calor de unas protestas agrícolas que acabarían funcionando como la punta de lanza del repliegue verde.
Avanzaron también los grupos conservadores, euroescépticos y ultraderechistas, en detrimento de verdes, socialdemócratas y liberales.
Con ese contexto parlamentario, y con gobiernos más conservadores entre los Estados miembros, la democristiana alemana Ursula von der Leyen asumió la recuperación de la competitividad y la simplificación legislativa como el eje de su segundo mandato al frente de la Comisión Europea.
A ese giro interno se ha sumado el regreso casi simultáneo de Donald Trump a la Casa Blanca, que ha reforzado la presión global contra las políticas verdes y ha marcado el paso a la Unión Europea en un contexto de deterioro de las relaciones trasatlánticas.
Todo ello ha contribuido al repliegue de las políticas verdes en la UE en 2025.
El último gran símbolo legislativo que ha caído ha sido el veto -de facto- al motor de combustión en 2035, dentro de un amplio paquete de alivio regulatorio para la automoción.
La Comisión aprobó en su última reunión del año una propuesta que permite compensar hasta un 10 % de las emisiones totales de las flotas a partir de 2035 con reducciones en la cadena de valor.
Bruselas también ha relajado los objetivos climáticos para furgonetas y camiones, en una normativa que aún retocarán el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.
También en diciembre, la Comisión Europea presentó un amplio paquete de simplificación ecológica (Ómnibus medioambiental) para ahorrar 1.000 millones al año a las empresas y agricultores sin rebajar las exigencias ecológicas.
Parte del ajuste se centra en acelerar la concesión de permisos para desplegar energías renovables, medida complementaria a otra iniciativa comunitaria para facilitar la transición a una economía descarbonizada reforzando las redes energéticas.
Otra de las normas emblemáticas del Pacto Verde Europeo que también se ha diluido es la ley contra la deforestación importada, aprobada en 2023 para impedir que el consumo europeo de ganado, cacao, café o madera contribuya a la destrucción de bosques.
La aplicación del reglamento ya se postergó un año y ahora se ha acordado retrasar otros doce meses su entrada en vigor, hasta diciembre 2026.
En el ajuste, que salió adelante con los votos del Partido Popular Europeo y de los grupos de ultraderecha de la Eurocámara, se ha incluido una cláusula de revisión en 2026 que podría limitar aún más su alcance.
La misma aritmética parlamentaria permitió rebajar las obligaciones de información en sostenibilidad, que sólo afectarán a empresas con más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación anual, y las exigencias de diligencia debida, limitadas ahora a grandes compañías con más de 5.000 empleados y 1.500 millones de euros de ingresos, frente a umbrales mucho más bajos en las propuestas originales.
No todo ha sido restar. La Comisión ha presentado en 2025 sendas estrategias sobre resiliencia hídrica y biotecnología, que aún debe plasmar en iniciativas legislativas.
El Ejecutivo ha propuesto además ampliar el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) diseñado para gravar la huella de carbono de ciertas importaciones, sugiriendo que extenderá a 180 productos con alto contenido de acero y aluminio.
Pero el hito climático más importante de la Unión Europea en 2025 ha sido acordar una reducción de CO2 en 2040 del 90 % respecto a 1990, que da continuidad al recorte del 55 % fijado para 2030.
La norma prevé que los países puedan cubrir un 5 % del objetivo de reducción de CO2 comprando créditos de emisión a países de fuera de la UE y contempla cláusulas de revisión, pero también envía una clara señal de que se mantiene el paso firme hacia la descarbonizción.
Todo apunta a que Bruselas continuará transitando por la senda de la flexibilización en 2026, pues la Comisión analiza más medidas para retirar trámites y burocracia.
La próxima gran batalla sobre políticas verdes se librará, sin embargo, alrededor del presupuesto de la UE para 2027-2034, que se negociará en 2026.