Sin embargo, en la misma resolución, el juez del Supremo, Alexandre de Moraes, relator de la causa, negó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa, debido a una "ausencia total de los requisitos legales para la concesión" del beneficio.
Esto, en razón de "un reiterado incumplimiento de las medidas cautelares" que le habían sido impuestas y la presencia de "actos concretos" que sugieren la posibilidad de fuga por parte del expresidente.
En la decisión, el magistrado citó, entre otras pruebas, uno de los últimos informes periciales emitidos por la Policía, que constató que Bolsonaro intentó violar, con ayuda un soldador, la tobillera electrónica, "causando daños importantes al equipo" "para llevar a cabo su fuga".
También expuso un documento de 33 páginas encontrado en uno de los teléfonos del líder ultraderechista, en el que solicita asilo al Gobierno de Javier Milei en Argentina, cuando fue objeto de las primeras diligencias por el caso de golpismo.
El informe médico de la Policía Federal, presentado ante el magistrado, concluyó que Bolsonaro debía someterse a una intervención quirúrgica "lo antes posible", puesto que el exmandatario no responde a los tratamientos, además de que se observa un "empeoramiento del sueño y la alimentación".
En tanto, el juez instó a la defensa a "manifestarse sobre la programación y la fecha prevista" para la realización del procedimiento médico.
Tras la notificación de los abogados, el expediente será enviado a la Fiscalía, que debe emitir su dictamen en un plazo de 24 horas, según la decisión judicial.
El exmandatario, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, sufre desde hace meses varios problemas de salud, entre ellos vómitos, mareos y crisis de hipo, unos trastornos que achaca a la puñalada que recibió en la campaña electoral de 2018.
Bolsonaro, de 70 años, se encuentra en la sede de la Policía desde finales de noviembre, cuando fue detenido tras intentar librarse de la tobillera electrónica que le había sido impuesta previamente por la Corte Suprema.
Desde ese momento, la defensa y la propia familia del líder político han insistido judicial y públicamente que se le conceda la prisión domiciliaria humanitaria por sus reiterados problemas de salud.