En una nota de prensa, la organización explicó que el Estatuto de Roma establece que un Estado parte "solo puede retirarse mediante una notificación formal de denuncia dirigida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien actúa como depositario del tratado".
"Hasta la fecha, el Estado venezolano no ha realizado ninguna notificación de este tipo ante el secretario general de la ONU, en consecuencia, el país continúa siendo Estado parte del Estatuto de Roma, con todas las obligaciones jurídicas que ello conlleva", precisó Acceso a la Justicia.
De modo que la ley sancionada por el Parlamento "no produce los efectos jurídicos que se le atribuyen", subrayó la ONG, y "no impide ni suspende la competencia" de CPI sobre los "presuntos crímenes cometidos en el país ni el desarrollo de la investigación actualmente en curso".
Además, aclaró que quien tiene la potestad para denunciar un tratado es el presidente, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de Venezuela.
Por tanto, para abandonar un tratado internacional, no hace falta "ninguna actuación" del Parlamento, subrayó Acceso a la Justicia, sino que es suficiente con que el Ejecutivo lo decida y lo notifique formalmente ante el órgano correspondiente.
El pasado 11 de diciembre, el Parlamento venezolano aprobó por unanimidad una ley que deroga la adhesión del país al Estatuto de Roma, con el fin, según dijo el presidente del legislativo, Jorge Rodríguez, de "denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje" de la CPI.
Durante la votación en la sesión parlamentaria, Rodríguez afirmó que esta institución "debería servir para proteger a los pueblos y solo sirve para los designios del imperialismo norteamericano".
Venezuela se estaba "saliendo de esa Corte por inútiles", dijo Rodríguez días antes al discutir el proyecto de ley.
En 2018, la CPI inició un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el año anterior y a raíz de la remisión de varios países.
La corte internacional anunció en 2021 la apertura de una investigación formal.
El Gobierno de Nicolás Maduro intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas.
La Fiscalía de la CPI anunció el pasado 1 de diciembre que cerrará su oficina en Caracas por la falta de "progreso real" con Venezuela en materia de "complementariedad", el principio que exige al país en cuestión investigar seriamente los crímenes de los que se le acusa antes de que intervenga este tribunal.
Acceso a la Justicia destacó que, en caso de que Venezuela decida "denunciar formalmente el Estatuto de Roma", esta decisión no afectaría la competencia de la CPI sobre los "crímenes cometidos durante la vigencia del tratado ni el curso de la investigación actual".
La ONG añadió que tampoco se verían afectados los hechos que "ocurran durante el año siguiente a la denuncia".
La CPI puede ejercer su jurisdicción sobre los crímenes del Estatuto de Roma cometidos en el territorio de Venezuela o por sus nacionales a partir del 1 de julio de 2002.