La aerolínea calificó la resolución como "extraña e injusta" y señaló que la sanción de 255.761.692 euros es "legalmente insostenible", por lo que confía en que será anulada en apelación, anunció este martes en un comunicado.
La AGCM acusa a Ryanair de abuso de posición dominante, al considerar que bloqueó y obstaculizó durante dos años la compra de vuelos por parte de agencias de viajes, tanto en línea como físicas, entre abril de 2023 y abril de 2025.
Según el organismo, la compañía aplicó procedimientos de reconocimiento facial para usuarios de billetes adquiridos por agencias, bloqueó reservas y medios de pago y canceló cuentas vinculadas a OTAs, además de imponer acuerdos que limitaban la posibilidad de ofrecer vuelos de Ryanair combinados con otros servicios.
La compañía irlandesa afirma que la sanción de Antimonopolio en Italia contradice una resolución de enero de 2024 del Tribunal de Milán (norte), que declaró que su modelo de distribución directa "sin duda beneficia a los consumidores" y "conduce a tarifas competitivas".
Además, denuncia que la investigación, iniciada en abril de 2024, responde a la presión de una única agencia de viajes en línea (OTA) española y de un "pequeño número de agencias de viajes físicas en Italia".
Ryanair subraya que en la resolución se ignora que la aerolínea tiene apenas un 30 % de participación en el mercado italiano y que la AGCM "manipuló" los límites del mercado para excluir viajes de larga y corta distancia hacia otros países, con el fin de "inventar" la posición dominante de la compañía.
En definitiva, insiste en que la "retorcida" resolución, "solo puede ser producto de un análisis sesgado e insostenible de la política de precios proconsumidor de Ryanair en todos los mercados italianos en los que opera".
O’Leary, consejero delegado de la compañía, aseguró que "esta resolución de la AGCM es un agravio a la resolución precedente del Tribunal de Milán", "a la protección del consumidor" y "a la ley de competencia".
Y añadió que la decisión "demuestra que no se puede confiar en la AGCM para proteger a los consumidores ni para hacer cumplir la ley de competencia" y que, en todo caso, son las OTA y las agencias de viajes de las que la AGCM debería proteger a los consumidores.