Varias leyes rusas relacionadas con la corrupción y la supervisión del patrimonio de funcionarios y personas que ocupan cargos gubernamentales han sido modificadas, eliminando así la necesidad de que parte del funcionariado ruso deba presentar su declaración de la renta.
Las autoridades supervisoras requerirán la información cuando lo estimen necesario, como cuando un funcionario es transferido de una agencia gubernamental a otra, cuando se realicen transacciones que superen los ingresos de tres años del trabajador u otros casos no estipulados.
La nueva medida deja fuera, por ejemplo, a sectores como el profesorado, pero incluyen a todas las fuerzas de seguridad, el poder judicial, representantes ministeriales, gobierno, etc.
Anteriormente, todos los servidores públicos debían presentar sus ingresos y gastos anualmente, así como las de sus cónyuges e hijos antes del 1 de abril.
En diciembre de 2022, Putin ya firmó un decreto que prohíbe publicar las declaraciones de la renta de los funcionarios públicos en los debidos portales de transparencia y los medios de comunicación.
Opositores rusos denuncian que esta medida blinda aún más la estructura de poder rusa en la opacidad financiera y es antidemocrática.
Paralelamente, tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, la Justicia rusa ha llevado a los tribunales a cientos de funcionarios rusos por casos de corrupción.
Sin embargo, expertos en Rusia señalan que las nuevas caras que reemplazan a los ajusticiados no se distinguen de los anteriores en su forma de trabajar, sino que el remplazo responde a conflictos entre los distintos bandos de las élites del país.