Dicha reforma, que aúna tres enmiendas presentadas por diputados de los partidos Poder Judío (extrema derecha, parte del Gobierno) e Israel Beiteinu (nacionalista conservador), ha despertado la "indignación" de la UNRWA, la agencia que se encarga de prestar servicios a los 5,9 millones de refugiados palestinos en los territorios de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este ocupados.
La reforma añade un artículo a la ley, el número 6, que establece que "las disposiciones de la Ordenanza de las Naciones Unidas sobre Inmunidades y Privilegios, de 14 de diciembre de 1947, no se aplicarán a la UNRWA".
Dicha ordenanza desarrollaba la convención de la ONU del mismo nombre, aprobada un año antes y que garantiza la inviolabilidad de sus locales contra el "allanamiento, requisición, confiscación y expropiación", así como la inmunidad de sus funcionarios a la hora de ser detenidos o juzgados por el desempeño de su actividad.
Esta convención también exime a los organismos de las Naciones Unidas de toda contribución fiscal directa y de restricciones de aduana para importar o exportar bienes de uso oficial o publicaciones, y obliga a los estados miembros de la ONU a otorgarles facilidades en las comunicaciones a la altura de cualquier otro gobierno.
Según explicó este martes a EFE el portavoz de UNRWA, Jonathan Fowler, ni Israel, ni ningún Estado miembro, puede excluir unilateralmente de una convención que ha suscrito -y esta es de obligada adhesión- a uno de los organismos de la ONU.
"No se puede simplemente decidir salirse de ella y decir que a una parte de la ONU no se le puede aplicar (...). Han optado por tomar medidas unilaterales y eso es completamente ilegal según el derecho internacional", indicó, y añadió que se trata de una decisión sin precedentes, por lo que es "impactante a nivel mundial".
La ley autoriza al Estado de Israel y a las autoridades locales a embargar bienes inmuebles en posesión de la UNRWA o de representantes que actúen en su nombre, en los territorios que Israel considera bajo su jurisdicción, ya sean estatales o municipales.
Las expropiaciones deberán ejecutarse en un plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigor de la reforma legal, y las llevarán a cabo el Ejército y la Policía israelíes.
En concreto, los edificios afectados -que se detallan en un anexo a la ley reformada- serán la sede de la agencia en el barrio de Sheij Jarrá de Jerusalén Este, que ya fue clausurada en enero de 2025, así como el Centro de Entrenamiento de Qalandia, que forma a jóvenes y está situado cerca del puesto militar entre Ramala y Jerusalén.
El pasado 8 de diciembre, policías israelíes, acompañados de funcionarios municipales, ya irrumpieron por la fuerza en la sede de Jerusalén Este y sustituyeron la bandera de la ONU por una de Israel.
Según la reforma aprobada, el ministro de Justicia israelí podrá modificar el listado de inmuebles y zonas sujetas a embargo con la aprobación de la Comisión de Asuntos Exteriores y Seguridad de la Knéset.
Una de las enmiendas aprobadas expande el segundo artículo de la ley original y obliga a las autoridades estatales y a los organismos que ejercen funciones públicas a revocar cualquier licencia, permiso, autorización o beneficio concedido directa o indirectamente a la UNRWA, salvo que se acredite que no se destinan a la agencia.
Esto supondrá el corte de electricidad, agua y gas a los locales de la agencia situados en "territorio israelí", es decir, zonas que no se encuentran bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina.
Si el nombre de la agencia figura en los registros, el proveedor deberá desconectar el servicio en un plazo de 15 días.
La nueva ley recoge la prohibición expresa de prestar a la UNRWA servicios de telecomunicaciones, aplicando un régimen similar al de los suministros básicos, así como el bloqueo de servicios financieros.
Las entidades bancarias, financieras y de pago israelíes no podrán "prestar servicios bancarios, financieros ni de pago a la UNRWA", incluyendo cuentas, transferencias o sistemas de pago.
La prohibición se extiende a personas o empresas que actúen en nombre o por cuenta de la UNRWA, incluso de forma temporal o puntual. Los proveedores, según lo estipulado, podrán recurrir a autoridades locales, policía o fuerzas de seguridad para verificarlo.