En su rueda de prensa diaria, el portavoz del Ministerio de Exteriores Guo Jiakun afirmó hoy que las "preocupaciones" expresadas por "un pequeño número de expertos" constituyen una "mentira" y una "especulación sin fundamento", y sostuvo que "no resisten el más mínimo escrutinio".
El portavoz instó además a los relatores especiales a "respetar los hechos básicos", actuar con "objetividad e imparcialidad" y evitar convertirse en "herramientas y cómplices de fuerzas contrarias a China".
Las declaraciones responden a un informe difundido el jueves por un grupo de relatores especiales y expertos independientes de Naciones Unidas, que se mostraron "alarmados" por el alcance del trabajo forzoso impuesto, según ellos, a minorías como los tibetanos, los uigures, los kazajos y los kirguises, principalmente en Xinjiang y en otras zonas del país.
El grupo denunció que los traslados laborales promovidos por Pekín, presentados oficialmente como programas de "alivio de la pobreza", incluyen elementos "coercitivos" tan severos que "pueden constituir traslado forzoso o esclavitud", lo que calificaron como un "crimen contra la humanidad".
Según los expertos, estas políticas obligan a las comunidades afectadas a abandonar sus formas tradicionales de vida nómada o agrícola, erosionando "de manera irreparable" su lengua, sus vínculos comunitarios y sus prácticas culturales y religiosas.
En el caso del Tíbet, los relatores denunciaron presiones sistemáticas, visitas domiciliarias reiteradas, restricciones a la libertad de expresión y amenazas de represalias, además de programas de formación de carácter militar vinculados a los traslados laborales.
Entre 2000 y 2025, indicaron, más de 3,3 millones de tibetanos habrían sido reubicados, mientras que solo en 2024 casi 650.000 habrían sido sometidos a estos programas.
Respecto a Xinjiang, los expertos alertaron de un sistema de vigilancia y control que impide a los trabajadores rechazar o cambiar de empleo, bajo el riesgo de sanciones o detenciones arbitrarias.
También advirtieron de que bienes producidos mediante trabajo forzoso podrían estar ingresando en las cadenas globales de suministro a través de terceros países.
China niega de forma sistemática estas acusaciones y sostiene que sus políticas en Xinjiang y el Tíbet están orientadas al desarrollo económico, la estabilidad social y la erradicación de la pobreza.