Los acusados por conducta indebida en el ejercicio de un cargo público son el subcomisario de Policía Aaron Beddoe, el sargento David Swanson, la sargento Cindy Ann Chase, el sargento Lincoln Bonnett, la sargento en funciones Deyna Gibbons, el sargento Mervyn Roopchand, el cabo Marvin Díaz y la agente de Policía Natasha Phillips-Paul.
Los agentes se enfrentarán a un proceso judicial ante la jueza del Tribunal Superior de Trinidad y Tobago, Kathy Ann Waterman.
Durante las actuaciones preliminares, el Estado presentó pruebas a través de 61 declaraciones juradas.
Al término de la acusación, los abogados de los acusados presentaron solicitudes de sobreseimiento, una resolución judicial que pone fin a un proceso penal, de forma definitiva o temporal.
Los cargos se derivaron de una amplia investigación sobre presuntas irregularidades en la Unidad de Armas de Fuego, incluida la concesión de variaciones de armas de fuego y la aprobación no autorizada de munición adicional.