"Cinco años después de que los militares tomaran el poder y detuvieran arbitrariamente a miembros del gobierno elegido democráticamente, el sufrimiento del pueblo se ha intensificado. Persiste el ciclo de impunidad, con violaciones generalizadas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario", expresó el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, en un comunicado.
Agregó que Guterres sigue "profundamente preocupado" por el "rápido deterioro de la situación" en el país, incluyendo el aumento del crimen transnacional, un desplazamiento masivo de población, inseguridad alimentaria, inestabilidad económica y la escalada de violencia contra la población civil.
El secretario general condenó "todas las formas de violencia" y llamó a garantizar "un acceso seguro y sin restricciones de las agencias humanitarias para atender a los afectados".
También expresó su solidaridad con el pueblo birmano "y sus aspiraciones democráticas", incluyendo la protección de comunidades vulnerables como los rohinyá.
Instó también a la liberación de "todos los detenidos arbitrariamente", entre ellos el presidente Win Myint y la consejera de Estado Aung San Suu Kyi.
Cinco años después del golpe de Estado que acabó con la transición democrática en Birmania, la junta militar, que detenta el poder y que reprime a fuego a la disidencia, prevé instaurar un gobierno bajo su control tras las últimas elecciones, celebradas sin oposición, en un intento de ganar legitimidad y reconocimiento internacional.
Según los resultados divulgados hasta este viernes por la Comisión Electoral, controlada por el Ejército, el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), brazo político de los militares, se ha hecho con alrededor de 300 escaños del total de 420 en liza.
El general Min Aung Hlaing, acusado por la Corte Penal Internacional de liderar una limpieza étnica contra la minoría rohinyá, busca normalizar relaciones con China, Rusia y Occidente mientras la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Unión Europea han insistido en la necesidad de elecciones "libres, inclusivas y creíbles".
Mientras, la ONU pide "el cese inmediato de la violencia y un compromiso genuino con el diálogo que incluya a mujeres, jóvenes y comunidades étnicas" para "avanzar hacia un Gobierno civil".