El informe de la organización con sede en Madrid registró “picos de represión concentrados entre marzo y junio e intensificados en momentos de crisis social”.
“Las comunidades especialmente vigiladas fueron aquellas que, desde una ética religiosa, asumieron posturas críticas frente a la crisis nacional o que se movilizaron para ayudar a la gente, pero por vías independientes al régimen”, indicó el OCDH.
La denuncia detalló también que “las acciones represivas afectaron a iglesias y movimientos espirituales independientes, líderes religiosos, sacerdotes, laicos, presos políticos y familiares, ratificando que, según la visión estatal, el ejercicio de la libertad religiosa sigue subordinada a los intereses del poder político”.
Asimismo, puso de ejemplo el caso del sacerdote mexicano José Ramírez, miembro de la Congregación de la Misión, que el OCDH denuncia que fue expulsado de Cuba en diciembre del año pasado.
La ONG recordó que las autoridades cubanas se negaron a renovar su residencia temporal tras haber tocado las campanas de la iglesia de La Milagrosa, en La Habana, como gesto de apoyo a los vecinos de un barrio habanero que protestaban por los apagones.
“Fuentes internas de la Iglesia Católica señalaron a la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista (único legal), dirigida por Caridad Diego, como responsable directa de la medida, ejecutada bajo presión de la Seguridad del Estado y que obligó al religioso a abandonar el país en cuestión de horas”, según la denuncia.
También menciona las “diversas acciones represivas” de la Seguridad del Estado cubana contra el director del Centro de Estudios Convivencia, Dagoberto Valdés, y Yoandy Izquierdo, integrante de dicho centro independiente de pensamiento.
“Ambos recibieron varias citaciones para interrogatorios y vivieron episodios de hostigamientos por intentar asistir a actividades de carácter diplomático”, acorde con el OCDH, que menciona otros casos.