Esta norma, presentada el pasado julio por la ministra de Migración y Asilo, la nacionalista flamenca Anneleen Van Bossuyt, permite a agentes de policía junto a la Oficina de Inmigración de Bélgica, con la autorización de un juez de instrucción, entrar en domicilios particulares para hacer detenciones administrativas de migrantes en situación irregular que presenten amenazas para el orden público o la seguridad nacional.
En el dictamen, el órgano estatal apunta, según el diario belga, a vulneraciones "especialmente graves" de derechos fundamentales como el respeto de la vida privada y la inviolabilidad del domicilio que afectan no solo a quienes las autoridades buscan, sino también a los convivientes de éstos ya sean familiares o compañeros de piso.
Este tribunal, que vela por la defensa del Estado de Derecho en Bélgica, también sostiene que con esta norma otorga a la policía "amplios poderes para entrar en domicilios particulares" que exceden los de medidas similares ya ratificadas por los tribunales, y pone de ejemplo la prohibición de usar la fuerza, registrar o abrir armarios para trabajadores sociales.
El proyecto de ley no establece además directrices precisas sobre las condiciones prácticas en las que pueden realizarse las visitas, no exige supervisión alguna a los agentes mientras se realiza, y presenta una "falta de protección efectiva" a los afectados ya que no cuentan con ningún medio para impugnar el registro.
El Consejo de Estado sostiene además que la ley cuenta con una deficiencia legal: una de las salvaguardias cruciales, el requisito de que tanto la detención como la expulsión de los migrantes irregulares que puedan ser un peligro para la seguridad nacional sea lo más rápida posible, está incluida en las notas explicativas, pero no en el propio proyecto de ley.
"A falta de una base jurídica clara, esta salvaguardia no es ejecutable, lo que debilita el sistema", aseveró el tribunal, según citó 'Le Soir'.
La ministra de la rama, Anneleen Van Bossuyt, consultada por el rotativo belga, defendió la norma e insistió en que "las personas que residen ilegalmente" en Bélgica, que "representan un peligro para la sociedad y que se niegan obstinadamente a cooperar, no pueden seguir escondiéndose tras la puerta".
"Nuestros servicios deben poder intervenir en estos casos. Quienes amenazan nuestra seguridad no tienen cabida aquí", añadió Van Bossuyt.