Tras concluir su segunda visita al país centroamericano, ese panel presentó un informe preliminar donde destaca que la persistente criminalización contra líderes indígenas y opositores opera como un "factor intimidatorio" en el actual escenario político.
Los expertos señalaron su preocupación por la situación de la Universidad de San Carlos (USAC), cuyo Consejo Superior Universitario (CSU) mantiene autoridades con mandatos vencidos, lo que podría "invalidar" las decisiones en la elección de altas cortes.
"Resulta inaceptable que personas con mandatos expirados participen o influyan en la elección de magistrados", subrayó el panel tras alertar que estas irregularidades comprometen la legitimidad democrática y generan inseguridad jurídica en la nación.
Entre sus principales recomendaciones, el PEI-GT instó a la Corte de Constitucionalidad a establecer un mecanismo de resolución prioritaria para los amparos relacionados con las elecciones de segundo grado, con el fin de evitar tácticas "maliciosas" que entorpezcan los nombramientos.
Asimismo, pidió a la ciudadanía y a la comunidad internacional mantener una "auditoría social" constante para frenar posibles manipulaciones en el proceso.
Durante 2026, el país enfrentará procesos determinantes para su democracia, incluyendo la renovación de la Fiscalía General, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Contraloría General de Cuentas, en un clima de alta tensión por el control de las instituciones claves del Estado.
El panel, integrado por especialistas internacionales, concluirá su observación una vez finalicen las designaciones e insistió en que solo un proceso transparente garantizará la independencia judicial en el país.