El texto, publicado por el Consejo de Estado (Ejecutivo chino), sostiene que la legislación de seguridad era "necesaria y urgente" tras las protestas antigubernamentales de 2019 y afirma que las actuaciones de las autoridades se han ajustado "plenamente a la ley", al tiempo que rechaza las críticas de gobiernos y organizaciones extranjeras, calificadas de injerencia en asuntos internos.
El documento insiste en que la defensa de la seguridad nacional no es incompatible con los derechos y libertades y subraya que estos "no son absolutos", una formulación alineada con los argumentos esgrimidos por la acusación y por Pekín en procesos recientes, entre ellos el seguido contra Lai, fundador del clausurado diario Apple Daily.
El texto recalca además que el sistema judicial de Hong Kong mantiene su independencia y que mecanismos como los juicios sin jurado o la designación de jueces para causas de seguridad nacional no vulneran garantías, sino que responden a criterios de eficiencia y consistencia tras la entrada en vigor de la ley, impuesta por Pekín tras las multitudinarias protestas de 2019 y criticada por organizaciones de derechos humanos.
Según el libro blanco, el "intento de 'revolución de color', urdido por agitadores de Hong Kong y fuerzas externas antichinas", "socavó gravemente el orden constitucional y el Estado de derecho en Hong Kong".
El documento presenta el periodo posterior a las protestas como una transición "del caos a la estabilidad" y atribuye a la Ley de Seguridad Nacional la restauración del orden, la contención de la "colusión con fuerzas extranjeras" y la creación de un entorno propicio para el desarrollo económico y social de la excolonia británica.
La publicación se produce un día después de que un tribunal hongkonés impusiera a Lai una pena de 20 años de cárcel por conspiración con fuerzas extranjeras y difusión de publicaciones consideradas sediciosas, una sentencia que ha generado llamamientos a su liberación por parte de organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales y algunos gobiernos occidentales.
Pekín ha respondido a esas reacciones defendiendo que los casos judiciales del territorio son "asuntos internos", una línea que el libro blanco consolida al reafirmar que el territorio se rige por el principio de 'un país, dos sistemas'.
Lai, de 78 años, fue condenado este lunes tras un juicio ante tres jueces designados para casos de seguridad nacional.
La Fiscalía le atribuyó promover sanciones internacionales desde la estructura de Apple Daily, mientras la defensa sostuvo que sus publicaciones se enmarcaban en el debate público protegido por la libertad de expresión.