Las nuevas normas, junto con la nueva legislación sobre retornos, facilitarán entre otras cosas a los Estados miembros el envío de migrantes a centros en el extranjero, una cuestión criticada por España y organizaciones humanitarias.
"Es extremadamente preocupante ver al Parlamento Europeo romper el cordón sanitario en estas propuestas. Ambas amplían peligrosamente la lista de países a los que se podría deportar a las personas, permitiendo a los Estados miembros de la UE eludir sus obligaciones en materia de derechos fundamentales", dijo a EFE Silvia Carta, representante de la Plataforma para Migrantes Indocumentados (PICUM).
La socialista portuguesa Ana Catarina Mendes lamentó que el Partido Popular Europeo (PPE) haya unido fuerzas con "grupos conservadores y de extrema derecha" para aprobar una reforma "sin tiempo para una reflexión adecuada".
"Vemos la realidad de una política de inmigración de extrema derecha en Estados Unidos. Es decepcionante que los ponentes trabajen con fuerzas que impulsan políticas 'trumpistas'", advirtió Mendes.
En la misma línea, el alemán Erik Marquardt, eurodiputado de Los Verdes, consideró que el enfoque sobre los llamados países seguros "ha perdido todo equilibrio".
"Clasificar como seguros -continuó- a países como Turquía o Egipto, donde existen graves y bien documentados problemas de derechos humanos, pone a las personas en riesgo y dificulta considerablemente que los solicitantes de asilo demuestren la persecución".
Por el contrario, el europarlamentario sueco del Partido Popular Europeo (PPE) Tomás Tobé defendió sin la medida como un paso para "restaurar la confianza" en el sistema europeo.
"Los ciudadanos esperan una acción que sea firme, justa y creíble", declaró Tobé en un comunicado, y aseguró que las leyes permitirán proteger a quienes realmente lo necesitan mientras se rechazan más rápidamente "las solicitudes infundadas" y se alivia la presión sobre los recursos nacionales.
También Assita Kanko, eurodiputada belga de los Conservadores y Reformistas Europeos, subrayó que estas normas "socavan el modelo de negocio de los traficantes de personas" y ofrecen la claridad jurídica necesaria para tramitar solicitudes fuera de territorio comunitario.
"Las personas que realmente necesitan protección deben recibirla, pero no necesariamente en la Unión Europea", sentenció.