Anna Kwok, una de las 34 figuras hongkonesas en el exilio con orden de captura y recompensa de un millón de dólares hongkoneses (128.000 dólares estadounidenses) por supuesta "colusión con fuerzas extranjeras", reaccionó así a la sentencia que consideró probada la vulneración por parte de su progenitor del artículo 90 de la Ordenanza para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional.
La norma penaliza con hasta siete años de prisión cualquier trato con bienes de un prófugo. El magistrado Cheng Lim-chi estimó que el acusado intentó recuperar 88.000 dólares hongkoneses de una póliza de AIA International contratada en 1999 a nombre de su hija, declarada oficialmente como "fugitiva" por las autoridades.
La fiscalía sustentó el caso en correos electrónicos, registros contables y la confesión del procesado, quien admitió ante la policía: "Conozco el estatus de mi hija ante la Oficina de Seguridad. Yo sufragaba la prima pero, al estar ella ausente, opté por rescindir el contrato".
La defensa pidió este miércoles una pena mínima de 14 días al alegar ausencia de intención delictiva y el carácter familiar de los fondos, y denunció una "persecución por consanguinidad".
Tras el veredicto, el tribunal revocó la fianza de 200.000 dólares hongkoneses y ordenó el ingreso en prisión provisional del acusado.
La sentencia definitiva se dictará el 26 de febrero y la pena máxima prevista es de dos años de cárcel. Otro hijo del condenado permanece en libertad bajo fianza por un caso similar.
La activista rechazó el fallo y afirmó que las acusaciones contra su padre son “una ficción” destinada a silenciar su labor, y aseguró que la resolución no frenará su activismo ni su vínculo con Hong Kong.
También pidió al Congreso de Estados Unidos que apruebe la Ley de Certificación del HKETO y reclamó sanciones contra jueces y altos funcionarios hongkoneses.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch calificaron la condena de castigo vicario contrario al derecho internacional, al tratarse del primer caso contra un familiar directo de un disidente exiliado por un delito patrimonial aislado.
La resolución se enmarca en la Ordenanza de 2024, considerada una ampliación de la Ley de Seguridad Nacional de 2020, que Pekín defiende como necesaria para la estabilidad.