La reforma fue aprobada con dispensa de dos debates y contó con el respaldo de "más de 90" de los 128 diputados que integran el Parlamento, afirmó a periodistas el jefe de la bancada en el Parlamento del opositor Partido Liberal de Honduras, Jorge Cálix.
La iniciativa, presentada por el diputado Francis Cabrera, del Partido Liberal, modifica decretos al considerar que otorgaban "poderes extraordinarios" a la titular del Poder Judicial.
Con los cambios introducidos, mientras no se elijan los miembros del Consejo de la Judicatura, será el pleno de los 15 magistrados de la Corte Suprema el que ejercerá, de forma conjunta, la selección y ascenso de jueces, magistrados y personal administrativo.
Para que cualquier decisión de esta índole sea válida, se requerirá ahora el voto favorable de la mayoría simple, es decir, al menos 8 de los 15 magistrados, según la iniciativa.
Además, en el ámbito disciplinario, el Supremo deberá diseñar un mecanismo para que tres magistrados propietarios conozcan los procedimientos de despido.
El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, aclaró que la facultad que ostentaba la presidencia del Tribunal Supremo era de carácter "transitorio" desde 2011, tras declararse la inconstitucionalidad del anterior Consejo de la Judicatura.
En este sentido, subrayó que se trata de una reforma ordinaria y no constitucional, destinada a regular una situación provisional en el Poder Judicial.
Tras la votación, se nombró una comisión especial que se reunirá con los magistrados del Supremo para socializar y redactar la nueva Ley del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, con el fin de buscar una solución permanente a la gestión administrativa del sector justicia.
Antes de la aprobación de la reforma, la titular del Supremo abogó por el respeto a la “independencia y la colaboración entre poderes” y solicitó la instalación de “una mesa interinstitucional” para analizar el alcance técnico y jurídico de la iniciativa.
Obando pidió una “reunión de alto nivel” con el presidente del Parlamento y la comisión de dictamen con el fin de adoptar "decisiones responsables en beneficio del orden constitucional".
El objetivo, según explicó, es impulsar una “reforma integral” del sector justicia que incluya una discusión amplia sobre la ley del Consejo de la Judicatura, la Carrera Judicial y la actualización de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.