El fallo, emitido por el Tribunal de Magistrados de West Kowloon, representa la aplicación inaugural del cargo de "manejo de bienes de un fugitivo" contemplado en la Ordenanza para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional, conocida como Artículo 23, que entró en vigor en marzo de 2024 para reforzar el control sobre la disidencia.
El acusado fue hallado culpable de intentar liquidar una póliza de seguro de su hija, declarada prófuga por las autoridades, lo que según la magistrada constituye una infracción grave del nuevo marco legal diseñado para cortar el flujo de recursos a los disidentes en el exterior.
Los hechos que motivaron la condena se produjeron entre enero y febrero de 2025, cuando el acusado intentó liquidar una póliza de seguro de vida y accidentes de su hija con la compañía AIA International.
Según el expediente de la Fiscalía, Kwok presentó documentos que supuestamente portaban la firma de la activista, junto con copias de sus documentos de identidad, con el objetivo de retirar el valor remanente de la póliza, que ascendía a unos 80.000 dólares de Hong Kong (unos 10.250 dólares estadounidenses).
La jueza Cheng Lim-chi describió hoy el caso como grave al detectar un "elemento deshonesto" en el uso de una firma falsa para intentar mover fondos de una persona designada oficialmente como fugitiva.
A pesar de que el acusado se declaró no culpable y su defensa argumentó que la póliza original fue adquirida por él en 1991, la magistrada concluyó que Kwok debía ser consciente de que el activo ya no le pertenecía, dado que la titularidad fue transferida legalmente a su hija al alcanzar esta la mayoría de edad.
Anna Kwok es actualmente la directora ejecutiva del Consejo Democrático de Hong Kong, una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington que aboga por las libertades civiles en la excolonia británica.
En 2023, las autoridades hongkonesas la incluyeron en una lista de búsqueda y captura, ofreciendo una recompensa por su detención bajo cargos de "colusión con fuerzas extranjeras", lo que la convierte en “prófuga” bajo la nueva legalidad vigente.
La condena fue recibida con fuertes críticas por parte de grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que denunciaron el fallo como una escalada en la represión, un "hito sombrío" y una forma de "castigo colectivo" contra los familiares de los críticos del Gobierno.
Por el contrario, el Ejecutivo local y el Gobierno central de Pekín mantienen que estas medidas son estrictamente necesarias para garantizar la estabilidad y la soberanía nacional frente a lo que consideran amenazas externas.