Para ello plantea también obligar a grandes inversores de terceros países a operar en la Unión Europea a través de empresas conjuntas lideradas por firmas europeas y a contratar mano de obra local, una medida que afectaría sobre todo a las compañías chinas, consideradas grandes responsables del declive industrial en los Veintisiete por su competencia desleal en muchos sectores.
"La industria europea puede contar con esta Ley para impulsar la demanda y garantizar cadenas de suministro resilientes en sectores estratégicos. Creará empleo al dirigir el dinero de los contribuyentes a producción europea", dijo el vicepresidente comunitario de Industria, Stéphane Séjourné.
El pilar central de la normativa es la introducción de requisitos mínimos de fabricación europea a la hora de adjudicar licitaciones, subastas y ayudas públicas, tales como subsidios o incentivos fiscales, en tres sectores estratégicos: industrias de alto consumo energético, tecnologías limpias y vehículo eléctrico.
En el primer caso, Bruselas propone que las autoridades públicas que organicen licitaciones o ayudas en los sectores de construcción y automóvil exijan mínimos de acero (25 %), aluminio (25 %) y cemento (5 %) producido con bajas emisiones de carbono y, además, para los dos últimos materiales, de origen europeo.
En las tecnologías limpias, plantea requerir un mínimo de componentes 'made in Europe' para turbinas eólicas, paneles solares, electrolizadores, baterías, bombas de calor y energía nuclear.
Y la misma lógica sigue con el sector del automóvil, dónde se exigiría que los vehículos eléctricos para los que se den ayudas públicas sean ensamblados en la UE y tengan batería europea (al menos tres componentes) y al menos un 70 % del resto de componentes domésticos.
La propuesta de Bruselas, no obstante, prevé que las autoridades puedan saltarse estos requisitos si los componentes no están disponibles en Europa o si aplicarlos encarece en más de un 20 % la adjudicación.
A la hora de definir qué significa exactamente 'hecho en Europa', Bruselas propone incluir por defecto las manufacturas de la UE y del Espacio Económico Europeo (Noruega, Liechtenstein e Islandia), así como los fabricados en algunos socios "de confianza".
Sin embargo, no presenta una lista cerrada de estos Estados, sino que plantea designarlos individualmente, en función de cada sector y tipo de ayuda, entre aquellos con los que la UE tiene acuerdos comerciales o de acceso a sus mercados públicos.
Pero para ser considerado equivalente a producción europea no bastará con que tengan estos compromisos, sino que deberán garantizar "reciprocidad" en su trato a los productos europeos y no generar dependencias a la UE, lo que significa que países como Canadá o Estados Unidos, que tienen sus propias políticas de preferencia local, podrían quedar fuera.
En total, unos 40 países terceros tienen este tipo de compromisos con la UE, incluidos Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos, Turquía o Suiza.
Bruselas ha introducido aquí una excepción para las ayudas a las flotas corporativas de vehículos eléctricos, que representan el 60 % de este mercado en la UE, de modo que solo los componentes producidos en la UE contarán como europeos.
El alcance geográfico del 'made in Europe' ha sido uno de los puntos más controvertidos durante la elaboración de la propuesta, cuya presentación se ha retrasado varias veces, ya que algunos Estados temían un giro demasiado proteccionista que irritase a socios comerciales en un momento en que la UE busca diversificar alianzas.
Más allá del dinero público, Bruselas propone también condiciones para las empresas extranjeras que inviertan más de 100 millones de euros en la UE en proyectos de baterías, vehículos eléctricos, paneles solares y materias primas críticas, cuando procedan de un país que cope más del 40 % de la producción global.
En concreto, estos inversores deberían emplear al menos un 50 % de trabajadores comunitarios, operar junto a empresas de la UE, limitar a un máximo del 49 % la propiedad y el control extranjero del proyecto, así como usar al menos un 30 % de insumos producidos en la UE, tener acuerdos de transferencia de tecnología e invertir en I+D en el bloque.
"Estamos haciendo a las empresas chinas lo que China ha hecho a las empresas europeas durante los últimos 20 años", apunta un alto cargo de la Comisión Europea, que busca que la industria de la UE gane terreno en sectores dónde la competencia de Pekín ha sido feroz.
Por otro lado, el Ejecutivo comunitario propone acelerar y digitalizar la concesión de permisos para proyectos industriales, incluido con autorizaciones tácitas pasado un límite de tiempo, así como crear "áreas de aceleración industrial" dónde se facilite a las empresas acceder a energía, financiación y trámites burocráticos más rápidos.