"Más que cerrar un capítulo de persecución política, la forma en que se está aplicando la ley confirma que el problema sigue siendo más profundo: un sistema de justicia que aún no ofrece garantías reales de independencia ni de protección de derechos humanos", señaló la organización en un comunicado publicado en su página web.
A su juicio, la forma en la que fue redactada la norma, aprobada en febrero pasado por el Parlamento, abre las puertas a las contradicciones y amplios márgenes de discrecionalidad.
"Aunque en el artículo 6 se establece claramente que su ámbito temporal abarca desde el 1 de enero de 1999 hasta su entrada en vigor, en los artículos 8 y 9 se hacen unas salvedades y excepciones que exceden lo previsto en la Constitución", añadió.
Acceso a la Justicia sostuvo que hasta la fecha no se observa por parte del sistema de justicia medidas orientadas a acelerar la aplicación de la Ley de Amnistía, ni siquiera en casos humanitarios, como de aquellos detenidos que tienen enfermedades graves o crónicas, menores de edad, así como personas con mayor tiempo de detención.
Hasta el jueves pasado, el Parlamento cifraba en 7.727 libertades plenas concedidas en el marco de este proceso: 7.474 personas tenían libertad restringida con medidas cautelares -como la prohibición de salida del país y presentación periódica en tribunales-, mientras que los otros 253 estaban encarcelados.
La ONG considera que estas cifras revelan el alcance que ha tenido en los últimos años "la represión gubernamental contra la disidencia".
La Ley de Amnistía, aprobada en febrero por el Legislativo, contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos.
En los últimos días, varias ONG han denunciado el rechazo a diversas solicitudes de amnistía, incluyendo la de Henry Alviárez, coordinador nacional de Organización del partido de la líder opositora María Corina Machado, Vente Venezuela, y la de Perkins Rocha, asesor jurídico de la dirigente.