Según su texto, los mellizos María Isabel y José Pablo Ferrándiz fueron torturados por la policía franquista en 1971 en una comisaría de Barcelona por su militancia política.
Es el primer caso interpuesto ante Naciones Unidas desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática (LMD), que exige investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura (1939-1975).
Los abogados han elevado el proceso al Comité internacional contra la Tortura tras el archivo de la querella por parte de la Justicia española y la inadmisión de una demanda por un caso similar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), detalló la organización en un comunicado.
La comunicación de Irídia a Naciones Unidas denuncia la vulneración por parte de los tribunales españoles de la LMD, ya que considera que no han garantizado una "investigación efectiva" ni el derecho a un recurso y reparación "efectivos", y pide que se obligue a España a indagar en dichos delitos.
Los mellizos denunciaron que fueron torturados por cuatro policías en la comisaría tras ser detenidos en 1971 debido a su militancia antifranquista, con tan solo 17 años, acusados de formar parte de la organización Jove Guàrdia Roja, indica la querella interpuesta por Irídia ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona en 2023.
La querella fue rechazada por el juzgado alegando la prescripción del delito, el principio de legalidad y la ley de amnistía de 1977, decisión que la Audiencia de Barcelona confirmó y que el Tribunal Constitucional también inadmitió.
El rechazo fue en contra del criterio de la Fiscalía, quien apoyó la querella invocando la LMD, que reconoce expresamente que los hechos denunciados "no prescriben ni pueden ser amnistiados", tal y como recordó Irídia.
Según la abogada de los hermanos, Laura Medina, este caso es un ejemplo del "patrón de impunidad español que afecta a los crímenes del franquismo", que, pese a la "expectativa legítima de justicia" abierta por la LMD para las víctimas, sigue topándose con "los obstáculos judiciales de siempre".
Irídia reclama ante la ONU que se modifiquen el Código Penal y la ley de amnistía, que se garantice el acceso público a los archivos relativos a la represión franquista y que la comisaría de Vía Laietana deje de ser una sede policial para convertirse exclusivamente en un espacio de memoria y centro de interpretación de tortura.