En un comunicado en su web, la CEP apuntó que ha recibido 95 solicitudes de compensación durante el plazo habilitado para ello, de las que 78 fueron considerados aptas y 17 archivadas. De estas, 57 han sido aprobadas para recibir una indemnización por un monto total de 1.609.650 euros.
La CEP estableció estos importes en su asamblea plenaria extraordinaria del pasado 27 de febrero, con la presencia del presidente y la vicepresidenta de la Conferencia de los Institutos Religiosos de Portugal, tomando en cuenta la opinión de las comisiones de instrucción y de fijación de compensaciones, creadas para este proceso.
Agregó que el valor de cada compensación se ha basado en el análisis individual de cada denuncia de abusos y se han tenido en cuenta la gravedad de los mismos, el daño sufrido y las consecuencias en la vida de cada víctima.
La CEP afirmó que han buscado que cada indemnización sea "justa, proporcional y solidaria en lo posible".
Sobre el motivo de que algunas peticiones fuesen archivadas, la institución detalló que se trata de situaciones en las que el denunciante era mayor de edad en la fecha de los actos o no era un adulto vulnerable, o bien que la persona acusada de los abusos no perteneciera al clero ni tuviera ninguna responsabilidad en la Iglesia, entre otros.
"Sabemos que la atribución de una compensación financiera no elimina lo que sucedió ni las consecuencias de los abusos en la vida de quien los sufrió. Con este gesto concreto, la Iglesia de Portugal desea reconocer el sufrimiento y la dignidad de cada persona que pasó por tales atentados, buscando la reparación posible de los daños sufridos", indica el texto.
La CEP aseguró que no se trata de un gesto aislado, sino que es parte de la responsabilidad que la Iglesia debe asumir en un compromiso más amplio de "escucha, seguimiento, prevención e intervención a través de la infraestructuras competentes".
En ese sentido, agregó que el cierre de este proceso de compensaciones, iniciado en julio de 2024, no significa "el fin de la responsabilidad" de la institución.
Aseguró que a través de sus varios órganos quiere garantizar que "las situaciones de abuso no se vuelvan a repetir y que los ambientes eclesiásticos sean espacios seguros y capaces de proteger a todos".
La principal asociación de víctimas de abusos en el seno de la Iglesia Católica lusa, Corazón Silenciado, ha criticado en los últimos meses el desarrollo del proceso por su "opacidad" y "lentitud" y la forma en que se han llevado a cabo las entrevistas a las víctimas que han pedido indemnizaciones.
Más de 4.800 personas podrían haber sido víctimas de abusos sexuales por miembros de la Iglesia portuguesa en los últimos sesenta años, según un informe publicado en febrero de 2023 por la Comisión Independiente para el Estudio de los Abusos Sexuales de Niños en la Iglesia Católica.