Aprobada por unanimidad por los 70 miembros presentes, sin votos en contra ni abstenciones, la ley reemplaza y complementa la 'Carta de Transición' establecida tras el golpe de Estado de 2022 y posteriormente modificada en 2024.
Desde enero de 2022, Burkina Faso está dirigido por militares que llegaron al poder en un contexto de crisis de seguridad.
El país se enfrenta desde hace varios años a ataques de grupos armados yihadistas que han causado cientos de miles de muertos y alrededor de dos millones de desplazados internos.
En este contexto, la nueva Carta, que EFE pudo consultar, pretende dar una base jurídica y política más amplia a la transición.
El texto pone de relieve valores como "el patriotismo, la integridad, la justicia, la cohesión social, la buena gobernanza y el compromiso popular".
También fija varias prioridades, entre ellas la recuperación de la seguridad, la lucha contra la corrupción, la respuesta a la crisis humanitaria y la organización de elecciones destinadas a marcar el final del "período revolucionario".
Según el texto, el presidente del país, el primer ministro y el futuro presidente de la Asamblea Legislativa podrán ser candidatos en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales que pondrán fin a la transición.
Esta cuestión de la elegibilidad del jefe del Estado abre la posibilidad de que los principales responsables de la transición participen en los futuros comicios.
También se observa un cambio de terminología y una nueva arquitectura institucional. La reforma consagra así un cambio simbólico en las instituciones. El Gobierno de transición pasa a ser el "Gobierno del pueblo", mientras que la Asamblea Legislativa de Transición se llamará "Asamblea Legislativa del pueblo".
Esta nueva asamblea contará con 71 miembros, según el texto, que estipula que estará compuesta por personalidades designadas por el jefe del Estado, representantes de las fuerzas vivas de las regiones, de las Fuerzas de Defensa y de Seguridad, así como de organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, los partidos y movimientos políticos ya no tendrán representación directa, a diferencia del anterior texto.
El texto también estipula la creación del KORAG, un órgano encargado de supervisar la implementación de la visión estratégica del país, cuya composición y funcionamiento dependerán del presidente.