La ley establece una actualización del presupuesto del Estado destinado a las universidades públicas nacionales y de los salarios de los profesores y el personal no docente del sector de la educación superior.
Aprobada por el Congreso el pasado agosto, la norma fue vetada por el presidente en septiembre, bajo el argumento de que conspira contra el objetivo de 'déficit cero' de su Administración.
La Ley Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sin embargo, fue ratificada en octubre por el parlamento, donde se logró revertir el veto presidencial, por lo que debía entrar en vigencia.
Al promulgarla, sin embargo, el Ejecutivo incluyó un artículo que dispone que toda ley que autorice o disponga gastos debe prever en forma expresa el financiamiento de los mismos, y que en caso contrario, queda suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.
En consecuencia, el Consejo Interuniversitario Nacional y diversas universidades nacionales interpusieron una medida cautelar para que se declare la inconstitucionalidad del decreto de promulgación, y que la ley sea aplicada de inmediato.
La medida fue aceptada por un juez de primera instancia y apelada por el Ejecutivo en un recurso que fue rechazado este martes por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que consideró los argumentos presentados "resultan vagos, ambiguos y contradictorios", según el fallo al que accedió EFE.
Los magistrados consideraron que, al contrario de lo esgrimido por el Ejecutivo, la ley no prevé aumentos sin especificar el financiamiento, sino que contempla "una mera actualización por inflación de partidas ya existentes, las cuales se ven compensadas por el incremento automático de la recaudación tributaria derivado del mismo proceso inflacionario".
También fue rebatido que la ley afecte el interés público, ya que "la educación pública es un componente esencial de dicho interés", mientras que los jueces resaltaron la incidencia presupuestaria de la ley, "estimada en un 0,23% del PBI".
A su vez, el fallo aduce que "el equilibrio fiscal constituye una decisión política y no un valor de jerarquía constitucional".
"Este fallo muestra que el gobierno nacional no tiene argumentos ni legales, ni legítimos para incumplir la ley de financiamiento universitario", dijo a EFE Lucía Ortega, secretaria general de Asociación Gremial Docente de la Facultad de Ciencias Económicas.
Esta semana se llevaron a cabo huelgas en las universidades argentinas y clases públicas en reclamo de la aplicación de la ley.
"No hay normalidad académica porque a los docentes nos deben una actualización del 54 % del salario y no queremos que algunos rectores y el gobierno nos nieguen lo que conquistamos en el Congreso y en las calles en nuestra lucha", expresó Ortega.