La Fiscalía señaló este martes en un comunicado que "las suspensiones tendrán una vigencia inicial de seis meses y buscan que los referidos voceros participen en Espacios de Conversación Sociojurídicos definidos por el Gobierno nacional con el objetivo de avanzar en el sometimiento de los grupos que representan".
La decisión "no implica ni contempla la concesión de la libertad de quienes se encuentren privados de ella en centros penitenciarios o carcelarios en cumplimiento de condenas, medidas de aseguramiento u otros requerimientos judiciales, aspecto que no es de competencia de la Fiscalía", agregó la información.
La Consejería Comisionada de Paz de Colombia señaló que esta decisión, tomada por petición suya, "busca generar condiciones jurídicas para que los voceros representantes continúen generando hechos de paz y desescalando las violencias" durante las negociaciones con el Gobierno.
El pasado 21 de junio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, encabezó un acto público sobre los diálogos de paz de su Gobierno con las bandas de Medellín, capital del departamento de Antioquia (noroeste).
Al llamado "tarimazo" asistieron criminales presos como Juan Carlos Mesa, alias Tom; Jorge de Jesús Vallejo, alias Vallejo; Freiner Ramírez, alias Carlos Pesebre, y José Leonardo Muñoz, alias Douglas, de la banda de sicarios llamada La Oficina.
Esos delincuentes fueron autorizados para salir de las cárceles de Medellín para asistir al evento, lo que desató una polémica.
El Gobierno y cabecillas de grupos armados ilegales que operan en Medellín instalaron en junio de 2023 la mesa de diálogo con el propósito de desmovilizar a más de 12.000 personas y acabar con la guerra en las comunas.
El Ejecutivo también realiza diálogos de este tipo con grupos armados de Barranquilla, capital del Atlántico (norte), y Quibdó, en el Chocó (oeste), así como en Buenaventura, el principal puerto del país en el Pacífico, en donde operan los grupos criminales Los Shottas y Los Espartanos.