Según el último informe del Grupo de Trabajo sobre Cohecho, publicado hoy, Argentina ha progresado, pero aún enfrenta "barreras estructurales" que limitan la aplicación efectiva de la ley de Responsabilidad Empresaria, ocho años después de su adopción.
Una de las "brechas fundamentales" en el sistema de detección de Argentina, según este grupo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es la ausencia de un sistema jurídico que garantice la protección de quienes denuncian irregularidades.
El informe señala además que los casos de cohecho internacional en Argentina siguen experimentando retrasos, lo que plantea dificultades en materia de pruebas y de plazos de prescripción.
En consecuencia, muy pocos de los casos avanzan hasta el enjuiciamiento, señaló la OCDE en un comunicado.
Hasta la fecha, añadió, ninguna persona jurídica ha sido investigada ni sancionada por cohecho internacional conforme a la Ley de Responsabilidad Empresaria, ocho años después de su adopción.
La OCDE, con base en París, valoró, pese a todo, algunos progresos desde la última evaluación realizada en 2017.
Desde entonces, se registraron 17 nuevas denuncias por cohecho en el extranjero y, en 2025, se resolvió el primer caso contra una persona física en Argentina.
Asimismo, la OCDE destacó el fortalecimiento de organismos especializados como la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO).
Esas dos estructuras han mejorado sus capacidades analíticas y adoptado enfoques más proactivos, incluyendo una mayor cooperación internacional y coordinación entre instituciones, destacó la OCDE.
Ahora bien, para mejorar los resultados en la prevención, detección y sanción del cohecho internacional, la OCDE instó a Argentina a adoptar un conjunto de medidas prioritarias, incluida la aprobación urgente de un marco integral de protección de denunciantes tanto en el sector público como privado.
También recomendó a Buenos Aires acelerar la tramitación de los casos para evitar demoras indebidas, aplicar plenamente el Código Procesal Penal Federal en todas las jurisdicciones, y reducir de manera sustancial las vacantes judiciales y la dependencia de jueces suplentes.
Creado en 1994, el Grupo de Trabajo sobre Cohecho, integrado por 46 países firmantes de la convención internacional, entre ellos Argentina, supervisa el cumplimiento de los compromisos mediante un mecanismo de evaluación entre pares, considerado como uno de los más exigentes en materia de lucha contra la corrupción a nivel global.