En un video publicado en X, Guanipa subrayó que en 2014 Devoe fue designado secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, cargo en el que, según el opositor, "ignoró" y se "burló" de "miles de venezolanos que han sido torturados por el chavismo".
En este sentido, afirmó que en 2014 y 2017 Devoe tampoco "dijo nada" sobre personas que fueron asesinadas en el marco de una serie de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Además, indicó que, en 2019, el nuevo fiscal le prohibió la "entrada a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)" para que no se reportara "todo lo que el chavismo le estaba haciendo a los venezolanos".
Guanipa añadió que Devoe no se pronunció después de que Maduro se "robara" las presidenciales de 2024 y se desatara una crisis poselectoral que, aseguró, dejó a "más de 3.000" personas detenidas, incluyendo a menores de edad, y "más de 30" muertos.
"Venezuela necesita un fiscal general que ponga la ley primero que la política, no uno que tenga como política destruir la ley (...). Venezuela tiene que pasar, de una buena vez, la nefasta página de una Fiscalía usada para el poder", manifestó el opositor.
El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, designó este jueves a Devoe como fiscal general y a la abogada Eglée González como la nueva defensora del pueblo.
Tras la sesión parlamentaria, el diputado opositor y dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles declaró a la prensa que Devoe ha sido abogado del Gobierno y ha defendido sus causas.
"Sale un fiscal afecto al Gobierno y entra otro fiscal afecto al Gobierno", señaló Capriles.
Por su parte, el partido opositor Primero Justicia aseveró en X que Venezuela merece una Fiscalía y una Defensoría del lado de los derechos humanos y "no al servicio de la camarilla de Delcy Rodríguez", quien ejerce como presidenta encargada luego de que EE.UU. capturara al mandatario Nicolás Maduro en un operación en Caracas el pasado 3 de enero.
En marzo, un total de 11 organizaciones no gubernamentales denunciaron la "ausencia de reglas claras y públicas" sobre el procedimiento y los criterios de evaluación para designar a los titulares de la Fiscalía General y Defensoría del Pueblo.
El proceso para designar a un nuevo fiscal y defensor se inició después de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos allegados al chavismo, dimitieran a estos cargos.