La Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima Centro, que dirige la fiscal Roxana Espinoza, ejecutó un megaoperativo de allanamiento en simultáneo contra "una presunta red de corrupción vinculada a la emisión de órdenes de servicio y designaciones irregulares durante la gestión del expresidente".
Jerí, un congresista del partido de derecha Somos Perú, que asumió de manera interina la Presidencia en octubre de 2025 tras la destitución de Dina Bolurte (2022-2025), fue también cesado por el Legislativo el 17 de febrero de este año envuelto en polémicas como presunto tráfico de influencias y supuestas contrataciones indebidas de funcionarias.
Investigaciones periodísticas revelaron que varias mujeres jóvenes habían conseguido trabajo en el Gobierno tras reunirse con él en Palacio de Gobierno, a veces, hasta altas hora de la noche y en días festivos.
La diligencia de este viernes se desarrolló en 27 inmuebles distribuidos en diversos puntos del país; 19 en la zona centro de Lima, uno en el norte de la ciudad, uno en el este, uno en el Callao, la provincia portuaria aledaña a la capital, y uno en el departamento andino de Huánuco.
El objetivo de la diligencia es recabar documentos y equipos tecnológicos que permitan esclarecer el delito de negociación incompatible, indicó el Ministerio Público.
Agregó que entre los 24 imputados bajo investigación se encuentra Ledy Vela, que consiguió un contrato con el Estado tras reunirse en Palacio de Gobierno con Jerí, junto a otros exfuncionarios y particulares presuntamente implicados en el direccionamiento de contrataciones públicas.
Para la ejecución de esta diligencia, se ha desplegado un equipo de 23 fiscales especializados que cuentan con el apoyo de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor).
El Ministerio Público abrió el 15 de febrero esta investigación preliminar contra Jerí por un plazo de 90 días por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado por las contrataciones irregulares.
Cuando se inició esta pesquisa, el Gobierno de Jerí negó que se hubieran contratado mujeres jóvenes en el Palacio de Gobierno de manera irregular y sostuvo a través de un comunicado que "no se puede cosificar y vulnerar los derechos al buen nombre, a la dignidad y al trabajo por el simple hecho de ser mujer y ser joven".