El decreto del 16 de abril de 2026 fue anulado para dar paso a un periodo de consulta ampliada con todos los sectores involucrados, a fin de lograr "una normativa clara y consensuada que permita regularizar" los servicios de transporte por plataforma garantizando con ello un "servicio óptimo", informó un comunicado de la Presidencia.
Una de las mayores críticas a la norma ahora derogada por Mulino, era que vinculaba de forma obligatoria a las plataformas con las llamadas "prestatarias o concesionarias", los entes encargados de administrar los cupos o licencias de taxis regulares, señalados de ser supuestas mafias en manos de políticos y sus allegados y de ser los responsables del pésimo servicio del sector.
En Panamá, los taxis tradicionales o amarillos están clasificados como un servicio de transporte selectivo con tarifas reguladas por el Gobierno a través de la autoridad del sector, pero lo cierto es que los chóferes montan a varios pasajeros con distintos destinos y varían los precios pese a su regulación.
Otro aspecto que generó críticas contra el decreto derogado fue la regulación de la tarifa de servicios de transporte a través de plataformas, por considerarse una limitación a la libre competencia y la innovación empresarial.
La reglamentación ahora anulada calificaba como un servicio de lujo a las plataformas de transporte público, y limitaba solo a los ciudadanos panameños la posibilidad de prestar el servicio.
No es la primera vez que plataformas como Uber son objeto de reglamentaciones polémicas en Panamá.
En el 2020, por ejemplo, el Supremo del país declaró nula la prohibición del pago en efectivo a esta plataforma y Cabify - esta última abandonó el país en 2026 -, así como la limitación de que prestaran el servicio solo en la capital y tres provincias interiores.