El proceso enfrenta a dos escuelas del área de Denver con el estado del centro oeste estadounidense por el diseño de su programa de educación infantil, que ofrece plazas subvencionadas en centros públicos, privados y religiosos siempre que estos acepten no discriminar por motivos como orientación sexual o identidad de género.
Estos centros sostienen que esa condición les impide operar de acuerdo con sus creencias y que el estado está penalizando a las escuelas que siguen la doctrina católica.
La batalla legal gira en torno al programa de educación infantil de Colorado, el cual proporciona fondos para que las familias puedan enviar a sus hijos de cuatro años a la escuela de su elección.
Tribunales inferiores han rechazado anteriormente los argumentos de estos centros educativos al concluir que el estado puede exigir el cumplimiento de sus normas antidiscriminatorias a todas las entidades que se benefician de fondos públicos, sin vulnerar por ello la libertad religiosa protegida por la Primera Enmienda de la Constitución.
La mayoría conservadora (6-3) del alto tribunal ya ha avalado en los últimos años varias reclamaciones de grupos religiosos frente a normas de igualdad, por lo que la admisión de este caso vuelve a situar en primer plano el choque entre libertad religiosa y derechos del colectivo LGTBIQ+ en Estados Unidos.
Por su parte, la Administración del presidente Donald Trump se ha alineado con los demandantes y ha calificado de "profundamente problemáticas" las sentencias de los tribunales inferiores que respaldaron la postura de Colorado.