En su informe anual, la CIDH afirmó que “sigue recibiendo información sobre violaciones a derechos fundamentales en Cuba” y que “ha sido alertada sobre actos que comprometen seriamente la libertad, la seguridad personal y la integridad física de la población”, vulneraciones que afectan sobre todo a “líderes sociales, opositores políticos, activistas y periodistas independientes”.
El texto recoge que los defensores de derechos humanos en Cuba operan en “un ambiente hostil y represivo por parte del Estado” y que se han intensificado “los patrones de criminalización, persecución y hostigamiento” en “un contexto de cierre total del espacio cívico”.
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Presos políticos
Condena además los “reiterados actos de malos tratos y torturas” a los presos por motivos políticos. En este ámbito valora la excarcelación de 553 presos, anunciada en enero de 2025, aunque lamenta “la ausencia de datos oficiales actualizados sobre las personas encarceladas”.
Sobre la población carcelaria, la comisión expresa su “preocupación por las deplorables condiciones de detención” y resalta que al menos 24 personas fallecieron en 2025 en centros penitenciarios cubanos, “principalmente por desnutrición y falta de atención médica oportuna”.
Población penitenciaria
También alerta de que, por los datos que manejan distintas ONG, “Cuba sería uno de los dos países con la mayor tasa de población penitenciaria per capita a nivel mundial”.
La CIDH señala asimismo el “uso arbitrario del sistema judicial y del poder punitivo” como “herramienta de represión” contra “activistas, defensoras de derechos humanos, opositoras políticas, académicas” y ciudadanos que “ejercen legítimamente sus derechos.
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Además, censura la “represión sistemática contra periodistas”, un profesión crítica dentro del derecho de libertad de expresión e información, y recoge casos de detenciones arbitrarias, citaciones ilegales, amenazas, interrogatorios, vigilancias, seguimientos y restricciones de movimiento.
Hostilidad y libertad de expresión
“Estas prácticas han generado un ambiente cada vez más hostil para el ejercicio libre y seguro del periodismo en la isla y han contribuido al exilio de numerosos periodistas”, observa la CIDH, que ve esta evolución con “extrema preocupación”.
Con respecto a la grave crisis que sufre la isla, el documento destaca la “agudización de la crisis alimentaria” y la “persistente escasez de servicios básicos”. También alerta sobre los problemas de abasto de agua corriente, la falta de medicamentos y los apagones masivos.
La CIDH considera que muchas situaciones de la crisis económica “no pueden entenderse sin considerar el impacto del embargo impuesto por EE.UU.”, por lo que llamó a Washington a levantar las sanciones contra la isla “debido a sus impactos en la población cubana y sus derechos”.
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No obstante, el organismo considera que las sanciones no eximen al Estado cubano de cumplir sus obligaciones internacionales".
La CIDH reinvindica en el informe su competencia para examinar a Cuba pese a que el Gobierno de la isla fue excluido del sistema interamericano en 1962 y no participa en la Organización de Estados Americanos (OEA).