Los hechos ocurrieron el sábado cuando aparentemente una camioneta con al menos siete ocupantes no paró ante la orden militar de detener el vehículo y esta fue acribillada por el Ejército durante un operativo antidrogas en el distrito de Colcabamba (Huancavelica), ubicado en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), la mayor cuenca cocalera del país.
Como parte de la investigación abierta por la Fiscalía, los ocho militares involucrados fueron preliminarmente detenidos y luego puestos en libertad. Junto a los integrantes del Ejército también se investiga a tres civiles.
Amnistía indicó que, en un principio, las autoridades calificaron a los jóvenes como presuntos narcoterroristas "sin evidencia concluyente".
"Sin embargo, testimonios de familiares y reportes posteriores indican que podrían haber sido civiles que regresaban de un evento deportivo. Estas contradicciones generan serias dudas sobre la veracidad de la versión oficial", sostuvo la organización.
Uno de los sobrevivientes declaró a la Policía que regresaban de haber trasladado bloques de cocaína en mochilas junto a medio centenar de personas más, pero relató que la droga había sido cargada en otro vehículo y que en el automóvil donde viajaba no tiene constancia de que hubiese sustancias prohibidas ni armas.
Amnistía agregó que el derecho internacional de los derechos humanos exige que toda intervención se rija por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
"La muerte de cinco personas en estas circunstancias obliga a determinar si hubo un uso arbitrario o excesivo de la fuerza, lo que, de conformarse, constituiría una grave violación de derechos humanos", afirmó AI.
Asimismo, señaló que "la estigmatización de las víctimas sin investigación ni determinación judicial vulnera la presunción de inocencia y afecta el acceso a la verdad y la justicia".
La organización instó a las autoridades peruanas a garantizar una investigación inmediata, independiente e imparcial que determine lo ocurrido y establezca responsabilidades, en el marco del debido proceso.
Precisamente este martes, el Ministerio Público informó que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos investiga si hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de los ocho militares implicados en los hechos.
En un breve comunicado difundido en redes sociales, el Ministerio Público señaló que la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín efectúa diligencias urgentes en el distrito de Colcabamba, "como parte de la investigación a ocho militares por el delito de homicidio calificado en agravio de cinco civiles el 25 de abril".
Agregó que fiscales especializados recaban información relevante de los cuadernos de control de ingreso y salida de vehículos y personas en las inmediaciones de la localidad de Campo Armiño, así como de los registros fílmicos de las cámaras de videovigilancia ubicadas en las garitas de control.
Además, dispusieron la aplicación del Protocolo de Minnesota, un conjunto de directrices internacionales de la ONU para investigar ejecuciones extrajudiciales, tortura o muertes sospechosas bajo custodia, en los cuerpos de las cinco víctimas para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden.