En un documento publicado este viernes, el comité de expertos subrayó que esta ley discriminatoria "constituye una grave erosión de los derechos humanos" y recordó que Israel, como firmante de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, debe garantizar que no existan estas políticas contra los palestinos.
La ley sólo contempla la pena capital en delitos ante tribunales militares que tienen jurisdicción exclusiva sobre los palestinos en los territorios ocupados, mientras que ciudadanos y residentes israelíes quedan explícitamente excluidos de su aplicación, valoró el comité.
"Se aplica únicamente a quienes son condenados por asesinato deliberado con la intención de 'negar la existencia de Israel', lo que la hace aplicable en la práctica sólo a los palestinos", añadió.
Por otra parte, advirtieron, revierte la moratoria de facto sobre las ejecuciones vigente en Israel desde 1962, y prohíbe la atenuación, conmutación o indulto, fijando un plazo de 90 días para que la pena de muerte sea aplicada una vez dictada la sentencia firme.
El comité subrayó que la ley, adoptada el 30 de marzo por la Knéset (parlamento israelí), llega en un contexto marcado por el aumento de la violencia de colonos y de los homicidios contra los palestinos.
Los expertos conminaron a Israel a poner fin a todas las políticas discriminatorias contra los palestinos, e instaron a la comunidad internacional a cumplir con la convención y garantizar que sus recursos no se utilicen para apoyar este tipo de prácticas abusivas en los territorios ocupados.