En concreto, el nuevo marco pactado por los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete permitirá a la Fiscalía y la OLAF consultar los datos clave sobre el IVA en las transacciones entre empresas de distintos países del bloque, incluyendo la información que ya recopila Eurofisc, la red comunitaria contra el fraude fiscal.
"Esto asegurará que tenemos la oportunidad de recuperar al menos una parte importante, probablemente miles de millones de euros, del fraude que tiene lugar actualmente", dijo el comisario europeo de Fiscalidad, Wopke Hoekstra, a su llegada al consejo de ministros en el que se tomó la decisión.
La UE busca atajar, en particular, el llamado fraude carrusel, por el que las empresas compran bienes en otro Estado miembro sin pagar IVA y lo venden luego en su país cobrando el impuesto -algo permitido por las normas comunitarias-, pero, en lugar de transferir al fisco lo ingresado por el IVA, desaparecen quedándose las ganancias.
Este delito cuesta a las arcas de los Veintisiete y al presupuesto comunitario -al que va parte de lo recaudado por el IVA- entre 12.500 millones y 32.800 millones de euros al año, y es cometido principalmente por grupos del crimen organizado, según la Comisión Europea.
En la práctica, el nuevo marco dará a la Fiscalía y la OLAF "información de primera mano" para poner en marcha investigaciones sobre posibles casos de fraude con el IVA transfronterizo, lo que mejorará la coordinación, acelerará las investigaciones y reforzará la capacidad de la UE de detectar y combatir el fraude con el IVA, según destacó el Consejo de la UE en un comunicado.
Al mismo tiempo, permitirá a las empresas legítimas competir en mayor igualdad de condiciones.
La normativa tiene ahora que ser negociada entre los Estados y el Parlamento Europeo, que prevé aprobar su posición al respecto en julio, para establecer el texto definitivo y que pueda entrar en vigor.
Esta complementará otras medidas con fines similares, como la normativa sobre el IVA en la era digital aprobada en 2025, que prevé que para 2030 todas las empresas que vendan bienes o servicios en otro Estado miembro tengan que proporcionar información sobre el IVA de sus transacciones de manera digital, entre otras acciones.