En su sesión ordinaria de este lunes, el pleno del Consejo de la Magistratura (CM) avanzó en el estudio y conformación de diez ternas de candidatos para cubrir vacancias y cargos por fenecimiento de mandato de jueces y un defensor público, correspondientes a distintos fueros y circunscripciones judiciales del país.
Los procesos se enmarcan en los edictos del año 2024 y forman parte del mecanismo constitucional para la designación de magistrados.
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Jueza suspendida integra una de las ternas
Uno de los puntos que generó controversia fue la inclusión de la jueza de paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils Miñarro, quien actualmente se encuentra suspendida por la Corte Suprema de Justicia.
La magistrada enfrenta un proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por presunto mal desempeño de funciones, expediente que ya se encuentra “para autos para sentencia”. Además, está vinculada a una causa penal por supuesto prevaricato, proceso que permanece suspendido hasta la resolución del juicio principal.
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Fuerte rechazo de víctimas de la “mafia de los pagarés”
Tras conocerse la conformación de la terna, la Coordinadora de Víctimas de la “Mafia de los pagarés” —caso con el que se vincula a la jueza— emitió un duro comunicado contra el Consejo de la Magistratura.
El grupo denunció que la inclusión de la magistrada constituye una “arbitrariedad manifiesta” y cuestionó la interpretación de la Ley 5336/15, señalando que la idoneidad, establecida en la Constitución Nacional, “no es un concepto opcional, sino una condición de orden público”.
Cuestionamientos a la idoneidad y al proceso
Las víctimas sostienen que ternar a una jueza que enfrenta un juicio por prevaricato desvirtúa el rol del Consejo como órgano de selección y “filtro de decencia republicana”.
Asimismo, advierten que esta decisión implica una “ruptura del Estado de derecho”, al priorizar —según afirman— el formalismo por encima de la evaluación de la conducta de los postulantes.
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Denuncian esquema de protección
En otro apartado del pronunciamiento, la Coordinadora apunta a un supuesto “esquema de protección corporativa”, al cuestionar la rapidez para integrar la terna frente a la demora del JEM en resolver la situación de la magistrada.
También exige identificar a los responsables de sostener este tipo de decisiones dentro de las estructuras de poder judicial.
Ultimátum a la Corte y al JEM
Finalmente, el grupo exhortó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a emitir un fallo antes de que la terna sea remitida a la Corte Suprema de Justicia.
Advirtieron que una eventual confirmación de la jueza será interpretada como un acto de complicidad, y anticiparon que recurrirán a acciones legales y movilizaciones sociales en caso de avanzar el proceso.